Organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos, Haitian Bridge Alliance y The Texas Civil Rights Project, presentaron una demanda por homicidio culposo contra la administración de Donald Trump, la acción legal responsabiliza al gobierno por la muerte de Anadith Danay Reyes Álvarez, una niña migrante que falleció bajo custodia de la Patrulla Fronteriza. La demanda, presentada en nombre de los padres de Anadith, exige responsabilidad y transparencia a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Anadith, junto a sus padres y dos hermanos mayores, se entregó a agentes fronterizos tras cruzar desde México. Nueve días después, la niña perdió la vida. Documentos legales detallan que Anadith sufría problemas cardíacos y anemia, condiciones que se agravaron por un cuadro de influenza, a pesar de las súplicas de su madre, el personal de CBP se negó a trasladarla a un hospital.
«Exigimos responsabilidad y transparencia a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, una agencia que ha fallado a demasiadas personas,» declararon los representantes de las ONG. Ellos argumentan que una serie de fallas condujeron a la muerte de Anadith, una conclusión que la propia investigación interna de CBP corrobora.
«A pesar de la condición de la niña, las preocupaciones de su madre y la serie de tratamientos requeridos para manejar su condición, el personal médico contratado no la transfirió a un hospital para recibir atención de mayor nivel,» indica el informe de la investigación.
La demanda alega que la negligencia de la administración Trump contribuyó directamente a la muerte de la niña. Además, las organizaciones de derechos civiles señalan un patrón de negligencia en el trato a los migrantes bajo custodia de CBP. El caso de Anadith Reyes Álvarez destaca la urgencia de reformar las políticas y prácticas de la agencia.
Por otro lado, la administración Trump intentó cumplir su promesa de campaña de deportar a millones de migrantes indocumentados. Datos oficiales estiman que entre 11 y 13 millones de indocumentados residen en Estados Unidos, aunque cifras no oficiales sugieren que el número supera los 20 millones. Las organizaciones de derechos civiles argumentan que la política de «tolerancia cero» de la administración Trump llevó a condiciones inhumanas en las instalaciones fronterizas, lo que, en consecuencia, contribuyó a la crisis humanitaria.
En respuesta a la demanda, las ONG demandan una revisión exhaustiva de las políticas y prácticas de CBP. Además, solicitan una indemnización para la familia de Anadith y la implementación de medidas para prevenir futuras tragedias. Las organizaciones de derechos civiles buscan asegurar que la muerte de Anadith Reyes Álvarez no quede impune y que la administración Trump rinda cuentas por sus acciones. La demanda busca establecer un precedente y prevenir la repetición de tragedias similares.
