El equipo legal que representa al Presidente Nicolás Maduro, denunció este miércoles una maniobra política y administrativa por parte del Gobierno de Estados Unidos para asfixiar su derecho a la defensa. Según una misiva dirigida al juez federal Alvin Hellerstein, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro bloquea activamente los canales financieros que permitirían a Venezuela cancelar los honorarios de los abogados encargados del caso.
El jurista Barry Pollack, reconocido por su previa defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, lideró esta denuncia tras detectar irregularidades en el otorgamiento de licencias especiales necesarias para operar bajo el esquema de sanciones de Washington. El conflicto legal escaló luego de que las fuerzas estadounidenses trasladaran ilegalmente a Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, a un centro de reclusión en Nueva York tras su secuestro en Caracas a principios de enero.
En este sentido, la defensa sostiene que el Estado venezolano posee la obligación constitucional y legal de costear la representación jurídica del jefe de Estado. No obstante, las autoridades norteamericanas impiden que el Gobierno de Venezuela movilice los fondos destinados a este fin, lo que genera una situación de indefensión técnica y vulnera los principios básicos del debido proceso internacional.
Una revocación arbitraria y sin explicaciones
La cronología de los hechos revela una conducta errática por parte del Departamento del Tesoro. El pasado 7 de enero, los representantes legales solicitaron formalmente las licencias necesarias para representar a la pareja presidencial y aceptar fondos públicos venezolanos. Posteriormente, el 9 de enero, la OFAC concedió ambas autorizaciones de manera inicial.
Sin embargo, en un giro inesperado y apenas tres horas después de la aprobación, el organismo modificó unilateralmente la licencia correspondiente a Nicolás Maduro. Esta acción dejó sin efecto el permiso para que el Estado venezolano cubra sus gastos de defensa y sus honorarios profesionales, mientras que la licencia de Cilia Flores permaneció intacta.
Por consiguiente, Barry Pollack argumenta que este retroceso administrativo tiene implicaciones constitucionales graves. El abogado subraya que, al impedir el pago desde Caracas, la OFAC interfiere directamente en la capacidad de Maduro para contratar al defensor de su elección. Esta medida viola la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual garantiza el derecho a una asistencia legal efectiva.
El silencio administrativo como arma política
El equipo jurídico enfatiza que Maduro cuenta con la «expectativa legítima» de que su país sufrague estos gastos, especialmente considerando que el mandatario no posee recursos personales para costear un juicio de tal magnitud en territorio extranjero. Asimismo, la defensa destaca una evidente doble vara en el actuar de la oficina de sanciones.
El 11 de febrero, Pollack solicitó formalmente el restablecimiento de la licencia original, pero hasta la fecha, la OFAC mantiene un silencio absoluto. Mientras tanto, el mismo organismo ha continuado otorgando autorizaciones para diversas transacciones comerciales con empresas públicas venezolanas, lo que demuestra que el bloqueo es selectivo y dirigido exclusivamente a entorpecer la labor jurídica de los defensores del presidente.
En conclusión, el equipo legal notificó al juzgado que, de persistir la negativa o el silencio de la OFAC, presentarán una moción formal de amparo ante el tribunal. La batalla por asegurar el pago de los honorarios se convierte así en un eje central de la disputa, pues de ello depende la viabilidad de una estrategia legal sólida frente a las acusaciones impuestas por la justicia estadounidense en este complejo escenario geopolítico del año 2026.
