Colocar y mantener a Cuba en la infame lista de países que supuestamente patrocinan o no colaboran lo suficiente, según el rasero estadounidense, para enfrentar al terrorismo tiene pretextos híbridos, pero ninguno con sustento legal, moral, ético, ni real.
Sirve para aplicar medidas coercitivas unilaterales contra la Isla, para recrudecer el genocida bloqueo, que ya transita por más de seis décadas, asfixia a millones de cubanos; se emplea además para difamar un sistema político soberano, democrático participativo, solidario; obliga a la emigración legal, pero, además, estimula la ilegal, insegura y desordenada salida del país por medios riesgosos, que ha ocasionado numerosas víctimas fatales.
Se invoca para amenazar inversores en la economía nacional, con el espurio subterfugio de “comerciar con el enemigo”, es fundamento ilegítimo para sancionar a entidades, barcos, empresas, bancos que desafíen las sanciones contra Cuba, país víctima del terrorismo en todas sus formas de manifestarse desde 1959.
No es historia reciente para ser transmitida a nuevas generaciones, en menos de tres años en dos ocasiones su embajada en Estados Unidos, ha recibido ataques terroristas de elevada gravedad. En abril del 2020 un tirador vació un cargador de un fusil de asalto contra sus instalaciones y el 24 de septiembre pasado, un atacante intentó incinerar a todos los funcionarios y familiares de esa sede diplomática, cuando armado de dos bombas incendiarias de manufactura casera las lanzó contra el inmueble. Ninguno de estos dos ataques han sido esclarecidos ni sus ejecutores juzgados. La impunidad del primer ataque, inspiró el segundo y promoverá otros, con la anuencia de las autoridades encargadas de velar por la seguridad de las representaciones diplomáticas acreditadas en Estados Unidos.
El terrorismo que se incuba en la emigración cubana, desde sus orígenes ha sido y es un caso de terrorismo doméstico en territorio estadounidense, ha afectado la seguridad nacional de ese país, dañado sus intereses públicos y privados. Empresas aéreas han sido amenazadas, les han colocado bombas que generaron víctimas y daños considerables, pero la voluntad política de sucesivas administraciones en Estados Unidos, dirigida a destruir el sistema cubano, ha propiciado que perdure hasta al presente.
Evocamos el 48 aniversario del derribo en pleno vuelo de un avión civil cubano en aguas territoriales de Barbados, el 6 de octubre de 1976 y aún el caso está impune, sus instigadores intelectuales y conjurados han muerto en territorio estadounidense, país que los cobijó y dio amparo hasta el final.
Uno, Orlando Bosch, delincuente internacional, prófugo de la justicia que se negó a recibirlo cuando era deportado de Venezuela, cuyo presidente George H.W. Bush, lo indultó y recibió como “hombre de bien” en contra de la autoridad de sus Departamentos de Estado y Justicia.
El otro, Luis Posada Carriles, agente de la CIA desde marzo de 1963, quien cumplió decenas de misiones de esa Agencia, hasta morir impune de sus delitos en Miami.
En junio de 1976 se dieron cita en Bonao, República Dominicana un grupo de terroristas de origen cubano representativos de organizaciones extremistas asentadas en territorio de los Estados Unidos. Como coordinador figuró el citado criminal Orlando Bosch, prófugo entonces de la justicia estadounidense por haber violado la libertad condicional al ser juzgado por varios delitos, incluida la extorsión contra emigrados cubanos con el empleo de métodos terroristas.
El propósito del encuentro era coordinar las acciones futuras contra representaciones cubanas, su personal e intereses de países que a pesar de las presiones mantenían relaciones con el gobierno cubano. Dos reuniones se produjeron, una constitutiva de la llamada Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas, CORU, alianza terrorista y otra para planificar más de veinte actos de terror de inmediata ejecución. Todos los presentes firmaron, excepto los miembros del grupo fascista Movimiento Nacionalista Cubano, MNC, quienes alegaron que tenían en curso una acción ordenada por la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, DINA, que no era otra, como se conoció después, que el asesinato del ex embajador chileno en Washington, Orlando Letelier del Solar, que sería cumplida por un terrorista de origen cubano, el 21 de septiembre de 1976.
El dictamen de Joe D. Whitley, Fiscal General asociado actuante en el proceso de admisión a los Estados Unidos de Bosch, de fecha 23 de enero de 1989 avala su participación en el derribo del avión cubano al concluir: “Bosch, mientras estuvo fuera de los Estados Unidos, fundó y dirigió la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), una organización anticastrista terrorista la cual hubo de aceptar su responsabilidad en numerosas explosiones en Miami, Nueva York, Venezuela, Panamá, México, Argentina y otros sitios”.
Continuaba el dictamen oficial estadounidense: “En octubre de 1976, Bosch fue detenido en Venezuela en relación a la explosión de un avión de la línea aérea civil cubana el 6 de octubre de 1976, que resultó en la muerte de 73 hombres, mujeres y niños. Aunque detenido en Venezuela durante once años por cargos producto de ese incidente, fue finalmente liberado. En su juicio, se presentaron pruebas de que los dos hombres condenados por homicidio en relación con la explosión, estaban en contacto con Bosch antes y después del hecho”.
Añadía el dictamen judicial: “A raíz de su liberación el 17 de mayo de 1988, Bosch fue detenido por el Servicio de Inmigración y Naturalización, SIN”. En aquel momento, el director del Distrito del SIN en Miami le entregó a Bosch un aviso de exclusión temporal, alegando que era excluible de los Estados Unidos debido a que: “Existen razones para creer que buscaría entrar en Estados Unidos sólo, principal, o incidentalmente para mezclarse en actividades perjudiciales para el interés público”.
Además: “Que es o ha sido un extranjero que aboga o enseña o ha sido un miembro de una organización que apoya la necesidad o la conveniencia de atacar o matar a funcionarios de cualquier gobierno, además la lesión o la destrucción de la propiedad y ejercita los sabotajes”.
Concluían las autoridades actuantes: “Existen bases razonables para creer que probablemente él, después de entrar, se mezclaría en actividades que serían prohibidas por las leyes de los Estados Unidos relacionadas al espionaje, el sabotaje, el desorden público, o en otras actividades subversivas para el interés nacional”. Además, el aviso planteaba que Bosch también era excluible sobre la base de que ha sido condenado por “un delito de bajeza moral, más que un simple delito político”.
¿Qué siguió después? El delincuente fue indultado por el mencionado presidente, pero había una razón esgrimida, el entonces presidente era el director de la CIA, cuando explotó el avión.
Ahora se conoce, que el terrorista internacional de origen cubano Pablo Gustavo Castillo Díaz, alias El Cojo, uno de los autores materiales del asesinato del técnico cubano Artaigñán Díaz Díaz, ocurrido en México el 23 de julio de 1976, fue quien estudió las rutas aéreas cubanas en el Caribe y seleccionó la nave que fue después siniestrada.
El 11 de octubre de 1976, cuando es detenido Orlando Bosch en Caracas, estaba acompañado por el referido Castillo, quien declaró haber preparado las bombas colocadas después en el avión por los mercenarios venezolanos Freddy Lugo y Hernán Ricardo Lozano. La siempre presente CIA, se auto incrimina en sus propios documentos secretos desclasificados, que dan fe del conocimiento anticipado que tuvo, de los planes que se urdían para derribar el avión cubano y nada hicieron para evitarlo, no transmitieron una simple alerta oportuna a las autoridades cubanas.
Un documento secreto de la CIA desclasificado y fechado el 13 de octubre de 1976, con la acotación “Terreno no. 7514”, identificaba a la fuente como: “Un antiguo funcionario del gobierno de Venezuela, quien es habitualmente un informante confiable” y alertaba: “Esta información no es para discutirse con ningún funcionario extranjero, incluyendo aquellos del gobierno de Venezuela”.
El texto sobre el plan de derribo señalaba: “Bosch hizo la declaración: “ahora que nuestra organización ha salido del trabajo de Letelier con buena presencia, vamos a tratar algo más”. Añade el informe: “A los pocos días en una comida para recaudar fondos, Posada fue escuchado diciendo “vamos a atacar a un avión cubano” y “Orlando tiene los detalles”.
Anteriormente, el 22 de junio de 1976, la CIA tuvo conocimiento adelantado de los mismos planes para derribar aviones cubanos, así lo revela el documento de esa agencia estadounidense fechado y distribuido ese día y que significaba: “Informe de clase secreto, sensible, fuentes y métodos de inteligencia involucrados. No divulgar a nacionales extranjeros. No distribuible entre contratados o consultores contratados. A continuación reseñaba: “Un hombre de negocios con vínculos estrechos con la comunidad de exiliados cubanos. Habitualmente es un informante confiable. Reveló que un grupo extremista de cubanos exiliados, del cual Orlando Bosch es el líder, planea colocar una bomba en un vuelo de la aerolínea Cubana de Aviación que viaja entre Panamá y La Habana. Los planes originales para esta operación planteaban que se pondrían dos bombas en el vuelo del 21 de junio de 1976, número 467, el cual estaba programado para salir de Panamá a las 11:15 a.m. de la hora local de Panamá”. Con esos precisos detalles se alertaba del siniestro, pero fue callado, el odio fue superior.
Del documento revelador se enviaron copias a: Departamento de Estado, Dirección de Inteligencia del Ejército, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, FBI, y la CIA, pero el gobierno cubano no fue destinatario de esta información, que precisaba incluso que se colocarían dos bombas, como ocurrió posteriormente en Barbados, mencionaba al criminal Orlando Bosch como gestor del crimen y que el objetivo sería un avión civil de la línea aérea Cubana de Aviación y todo conocido por la CIA cuatro meses antes del 6 de octubre, cuando 73 personas perdieron la vida, incluidos 57 cubanos.
Se continuarán conociendo nuevas revelaciones sobre este horrendo crimen que este año cumplirá 47 años de cometido, mientras aún “la injusticia tiembla”.
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