Este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró que: «El Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6 mil víctimas integrantes del partido político Unión Patriótica (UP)».
El tribunal internacional señaló que hubo una violación sistemática de los derechos humanos en contra de los militantes de este partido político, desde 1984, y por más de 20 años.
Además, la CIDH calificó estos hechos como un «exterminio» y encontró que «el Estado es responsable internacionalmente por el incumplimiento de sus deberes de respeto y de garantía, por las privaciones del derecho a la vida».
#Sentencia del Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia 🇨🇴. El Estado es responsable por el exterminio del partido político Unión Patriótica.
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Violación de derechos
Asimismo, el tribunal concluyó que, el Estado violó los derechos políticos y la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación.
«El móvil de las violaciones de derechos humanos fue la pertenencia de las víctimas a un partido político y la expresión de sus ideas a través del mismo», establece la sentencia del tribunal.
La Corte IDH también afirmó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad; así como a la protección judicial por la criminalización en contra de algunos integrantes y militantes de la UP.
El presidente de la Corte IDH, Juan Ricardo Pérez, indicó que la sentencia se dio en conformidad a lo establecido en los artículos 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 67 del reglamento del tribunal.
Pérez agregó que el Estado colombiano deberá cumplir con distintas acciones de reparación a las víctimas; entre ellas: la construcción de un monumento en memoria de quienes fueron asesinados; así como la conmemoración de un día especial al año en nombre de los miembros de la UP.
Contexto
La UP surgió en 1985 en el marco del acuerdo entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Mediante este pacto, los combatientes dejaron las armas y militaron en el nuevo partido político.
«Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera; surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales; para contrarrestar la subida en la arena política de la UP», apuntó la Corte IDH.
A partir de entonces, comenzaron los actos de violencia contra los integrantes, simpatizantes y militantes de la UP.
