Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exhortaron al Gobierno de Uruguay a que priorice el uso del agua dulce para el consumo humano en el marco de la crisis hídrica que atraviesa el país. Sin embargo, las recomendaciones no fueron bien recibidas por el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Según los especialistas alrededor del 60% de la población ha sido afectada por el aumento de la salinidad del agua.
«La calidad del agua ha disminuido llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. Los niños y adolescentes; así como las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, son los más afectados», destacaron los expertos.
ONU realizó informe sobre crisis hídrica en Uruguay; gobierno manifestó "malestar" y convocó a representante del organismo internacional.https://t.co/52PD88BwVH
— Subrayado (@Subrayado) July 14, 2023
Asimismo, el grupo de expertos indicó: «Aunque los altos índices de sal se atribuyen al fallo de infraestructura hídrica, agravada por los períodos anormalmente largos de estrés hídrico, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país».
En este sentido, pidieron al Gobierno de Uruguay que aplique medidas más severas a las industrias. «El gobierno ha recomendado reducir el consumo de agua en los hogares. Pero no ha aplicado las mismas restricciones a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción».
Privatización
Además, la ONU reprochó que el Gobierno del país sudamericano inste a la población a comprar agua embotellada; pues consideran que esta medida supone un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano. Al tiempo que recordó que el uso del recurso hídrico está por encima de cualquier interés empresarial.
«El agua para el consumo humano representa apenas el 5% del suministro total de agua potable. Por lo tanto, no priorizar su uso es inaceptable. Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos», enfatizaron los expertos.
Por lo que agregaron que el derecho humano al agua también implica que ésta sea «físicamente accesible, esté libre de contaminantes y sea gestionada de manera sostenible, respetando la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación».
Gobierno de Uruguay se defiende
Por su parte, el Gobierno de Uruguay calificó el textos de la ONU como inexacto, y destacó que hasta los momentos la salinidad del agua no afecta la salud de los uruguayos.
«Los valores establecidos en la excepcionalidad no se consideran alarmantes; ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas. Además, se ha considerado que es posible que la gran mayoría de la población general, a excepción de algunos grupos especiales con mayor vulnerabilidad en el consumo excesivo de sal, pueden seguir consumiendo la misma», reza el comunicado.
Al mismo tiempo, las autoridades uruguayas indicaron que han respaldado a las personas en situación de vulnerabilidad. Pero, a su vez, resaltaron que: «El Gobierno nunca recomendó reducir el consumo humano de agua; sino su disminución en actividades no esenciales con el propósito de asegurar una mejor calidad de agua por un tiempo más prolongado».
Ante inexactitudes del comunicado emitido por el Relator Especial de la ONU:
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