El gobierno de México, a través de las autoridades de Ciudad de México, presentó un plan ambicioso para contrarrestar la gentrificación en zonas populares. Este esfuerzo responde directamente a las crecientes protestas ciudadanas y busca regular los costos de los alquileres de vivienda, un paso crucial para proteger a las comunidades locales.
El problema de la gentrificación, que ha visto cómo áreas tradicionales se transforman para albergar a extranjeros o personas con mayor poder adquisitivo, se intensificó notablemente con la pandemia de COVID-19 y el auge del trabajo remoto, provocando un alza desmedida de precios y el desplazamiento de los residentes originales hacia la periferia.
Clara Brugada, la alcaldesa de la capital mexicana, destacó la magnitud global de este desafío durante la presentación del plan. «No solamente es un tema de la ciudad, sino del mundo entero», afirmó, subrayando que Ciudad de México no es una excepción en esta tendencia global. Reconociendo la urgencia de la situación, Brugada se prepara para proponer una ley de «rentas justas, razonables y asequibles».
Esta legislación tiene como objetivo primordial regular y estabilizar los precios de los alquileres de viviendas y de alojamientos temporales, como los ofrecidos por plataformas tipo Airbnb. De esta manera, las autoridades buscan activamente prevenir el desplazamiento forzado de personas y comunidades, garantizando su derecho a permanecer en sus hogares y barrios.
Marco legal
La propuesta de ley de «rentas justas» representa un cambio significativo en la política de vivienda de la ciudad. Su implementación no solo busca mitigar el aumento de los precios, sino también establecer un equilibrio que permita a los residentes originales mantener su calidad de vida y su arraigo comunitario. Las autoridades reconocen que la gentrificación amenaza la diversidad social y cultural de la ciudad, por lo tanto, esta medida es fundamental para preservar la identidad de los barrios y la cohesión social. Además, el plan contempla estrategias para fomentar la inversión en infraestructura y servicios públicos en estas zonas, asegurando que el desarrollo beneficie a todos, no solo a los nuevos residentes.
Asimismo, las regulaciones sobre plataformas de alquiler temporal como Airbnb buscan frenar la especulación inmobiliaria que ha transformado muchas viviendas de uso residencial en alojamientos turísticos, reduciendo la oferta de alquiler asequible para los habitantes de la ciudad. El gobierno de México a través de la capital, está enviando un mensaje claro: la vivienda es un derecho, no una mercancía puramente especulativa.
Este enfoque proactivo de las autoridades de Ciudad de México sirve como un modelo para otras ciudades que enfrentan desafíos similares, demostrando que un compromiso político firme y una legislación adecuada pueden marcar una diferencia tangible en la lucha contra la gentrificación.
