Congreso de EE.UU. investigará a la OEA por golpe de Estado en Bolivia

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El Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), informó que el Congreso de EE.UU. ordenó al Departamento de Estado presentar un informe sobre la transparencia de las elecciones de 2019 en Bolivia y el rol de la Secretaría General de la OEA; y cuentan con un plazo de 120 días para presentar el informe.

El mismo se basará en expertos internacionales e independientes, y en la narración de los hechos de violencia que se vivieron en el país.

Bolivia a través de su Representación Permanente ante la OEA, Héctor Arce, desde julio de 2021, realiza una serie de acciones e intervenciones para esclarecer los hechos suscitados en las elecciones generales de Bolivia de 2019. Arce recordó que se solicitó en 10 oportunidades toda la documentación referente al proceso de la supuesta auditoría electoral de las elecciones de 2019.

Arce, también realizó un evento internacional con presencia de expertos y académicos, que observaron en informes y estudios independientes, las erróneas conclusiones de la OEA. Además manifestó que con un informe publicado el 10 de noviembre de 2019, la OEA intervino en el quiebre constitucional y la interrupción de la democracia en Bolivia.

Por su parte, el director de Política Internacional del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), Alex Main, manifestó que «esta es la última señal de que los miembros del Congreso de los Estados Unidos no van a dejar pasar esto; y están decididos a responsabilizar al Secretario General de la OEA, Luís Almagro. Y a otros altos funcionarios de la OEA por promover repetidamente falsas acusaciones de fraude en las elecciones de Bolivia. Lo que alimentó una crisis política que culminó en un golpe militar seguido de numerosas violaciones de los derechos humanos».

Luego de 2 años de los hechos, las investigaciones concluyeron en la absoluta falsedad de estas afirmaciones, que provocaron el golpe de Estado en Bolivia. Propiciando variadas violaciones a los Derechos Humanos y la pérdida de 38 vidas humanas.

Es la primera vez que Washington, financiador principal de la OEA, a través del Congreso de EE.UU., investiga la responsabilidad de la Secretaría General en este tipo de hechos.

 

 

 


 

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