La preocupación en el Capitolio por los ataques militares ordenados por el presidente Donald Trump contra embarcaciones en el Caribe ha escalado de forma significativa. Los congresistas, tanto demócratas como republicanos, han expresado su inquietud ante la falta de información sobre la legalidad y las consecuencias de estas operaciones. Esta situación ha generado un debate intenso sobre la responsabilidad del gobierno y la necesidad de supervisión en acciones militares.
Desde el 2 de septiembre, Trump ha autorizado al menos cinco ataques contra presuntos barcos de narcotráfico que, según su administración, transportaban drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos. Las autoridades han confirmado que 27 personas han muerto en estas acciones, pero no han revelado sus identidades ni las pruebas que los vinculan con actividades ilícitas. Esta falta de transparencia ha llevado a muchos legisladores a cuestionar la legitimidad de las operaciones.
Los congresistas frustrados por la falta de respuestas han comenzado a abandonar sesiones informativas. Según un informe de NBC News, seis fuentes del Congreso confirmaron que tanto republicanos como demócratas se sienten insatisfechos debido a la escasez de datos concretos.
“Los republicanos estaban molestos porque los informantes no pudieron responder preguntas sobre la base legal de las operaciones”, declaró una fuente legislativa. Esta situación revela un creciente descontento que se extiende más allá de las líneas partidarias.
Varios congresistas han solicitado acceso a videos sin editar de los ataques, buscando verificar si los objetivos eran realmente embarcaciones de narcotráfico y entender las circunstancias exactas de las muertes. Sin embargo, hasta ahora, la administración se ha negado a entregar ese material. La falta de claridad sobre cómo se identificaron los objetivos ha encendido las alarmas entre los legisladores.
Los congresistas exigen respuestas claras: ¿quiénes murieron en los ataques y cómo fueron identificados como amenazas legítimas? Además, quieren saber qué inteligencia respaldó la decisión de usar fuerza letal y si existía evidencia concreta de que las embarcaciones se dirigían a EE.UU. con drogas. También plantean preocupaciones sobre posibles represalias por parte de organizaciones criminales, incluyendo ataques dentro del territorio estadounidense.
Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han publicado en redes sociales breves videos de los ataques. Sin embargo, las grabaciones están fuertemente editadas, lo que ha generado más dudas que respuestas. Los legisladores insisten en que un video sin cortes podría ofrecer claridad sobre la ubicación, el contexto y la legitimidad de los blancos atacados.
A pesar de que la mayoría de los senadores republicanos votaron recientemente en contra de una medida que habría requerido aprobación del Congreso para futuros ataques, fuentes internas aseguran que el malestar dentro del partido está creciendo. Incluso legisladores que han respaldado ampliamente la política exterior de Trump ahora cuestionan la precisión de la inteligencia y la falta de supervisión.
La presión sobre la administración Trump aumenta cada día. Lo que está en juego no es solo la legalidad de las operaciones, sino también la credibilidad del gobierno ante el Congreso y la opinión pública. En un momento en que la transparencia debería ser un principio rector, la opacidad alimenta sospechas de que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales sin justificación clara. Los congresistas continúan exigiendo respuestas y una mayor rendición de cuentas por parte del gobierno.
