El Gobierno Nacional, a través de sus equipos especializados, impulsa actualmente el desarrollo e implementación de soluciones concretas para transformar la realidad de los edificios y fortalecer el rol de las Juntas de Condominio. Durante el II Encuentro con representantes de Condominios y Movimientos Vecinales, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció la integración formal de estas estructuras al Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.
Esta iniciativa busca que la organización ciudadana trascienda el ámbito privado y se convierta en un pilar fundamental del bienestar colectivo en todo el territorio nacional. Bajo esta nueva visión de gestión pública, la Presidenta Encargada saludó a las Juntas de Condominio como un modelo ejemplar de organización social.
Según explicó la alta funcionaria, los habitantes de un edificio que logran ponerse de acuerdo para resolver problemas comunes demuestran una madurez política necesaria para el país. En este sentido, el Estado ya no observa estas agrupaciones como entes aislados, sino como núcleos donde nacen soluciones en colectivo que superan los esfuerzos individuales y atomizados del pasado.
Por consiguiente, este enfoque en la organización de los movimientos vecinales se alinea perfectamente con la estrategia de fortalecer la vida en comunidad desde la base. Esta metodología guarda una estrecha similitud con el despliegue que ejecutan actualmente los Circuitos Comunales en diversos estados. En dichos espacios, el pueblo venezolano ya realiza levantamientos cartográficos de sus zonas e identifica nudos críticos en áreas de alta sensibilidad como la seguridad ciudadana, la economía local y la eficiencia de los servicios públicos.
Transformación desde la base ciudadana
A criterio de Rodríguez, los Circuitos Comunales analizan su realidad bajo el prisma de las 7 Transformaciones (7T). De esta manera, los vecinos proponen proyectos productivos que impactan positivamente en la economía o diseñan planes para recuperar la «ciudad humana». Es importante destacar que estos esfuerzos vecinales buscan mitigar las dificultades que el bloqueo económico genera sobre la infraestructura urbana. Por lo tanto, el programa promueve una cultura de convivencia donde la resiliencia y la creatividad popular ocupan un lugar central frente a las adversidades externas.
Además, la dinámica de las asambleas comunitarias en Venezuela permite que los ciudadanos prioricen sus necesidades reales sin intermediarios innecesarios. En estas reuniones, los propietarios y residentes discuten abiertamente sobre la reparación de luminarias, el suministro de agua potable y la distribución de gas. Del mismo modo, evalúan de forma directa las mejoras requeridas en la vialidad y los planes de asfaltado que necesitan sus sectores.
Esta gestión participativa contrasta radicalmente con los modelos tradicionales de administración pública. Anteriormente, los ministerios de Planificación u Obras Públicas tomaban las decisiones de inversión de forma unilateral, muchas veces sin conocer las urgencias de los beneficiarios finales. Por el contrario, el programa actual transfiere el poder de decisión a quienes habitan el territorio, garantizando que cada recurso asignado cumpla una función social verificable y transparente.
Finalmente, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de seguir dotando a los condominios de herramientas legales y técnicas para mejorar su autogestión. Al sumar a las clases medias y a los sectores populares en un mismo esfuerzo de organización, el país avanza hacia un estándar superior de civismo. En conclusión, la meta principal de esta política de Estado radica en consolidar espacios de respeto mutuo y armonía, elevando así los niveles de seguridad y convivencia en cada rincón de Venezuela.
