Histórica decisión. Este 1 de agosto el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, convirtiéndose en el primer exmandatario del país condenado y privado de libertad.
El fallo, de 1.114 páginas también destaca que Uribe Vélez, de 73 años, deberá pagar una multa superior a los 3.444 millones de pesos -equivalentes a 2.420 salarios mínimos-, y estará inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de 8 años.
La jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia estableció que Uribe sabía de la búsqueda de testigos para favorecerlo, basándose en la actuación del abogado Diego Cadena, quien está siendo juzgado por supuestamente ofrecer beneficios a Juan Guillermo Monsalve para que cambiara su versión sobre los presuntos vínculos de Uribe Vélez con paramilitares.
Además, aceptó como pruebas las interceptaciones telefónicas a Uribe y Cadena, incluso consideró el intento de Cadena de manipular a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, alías “Víctor”, y Eurídice Cortés, alias “Diana”, a quienes pagó beneficios económicos a cambio de testimonios favorables. “Víctor” declaró que Cadena pagó 26 millones de pesos, monto inferior al pactado, razón que lo llevó a cambiar la versión de los hechos.
Cumplimiento de la sentencia
Asimismo, la jueza Heredia ordenó que el expresidente cumpla su condena de prisión domiciliaria en su finca en Rionegro, Antioquia. Según la jueza, Uribe debe iniciar el cumplimento de la sentencia de inmediato, a pesar de que el fallo aún no es definitivo.
“Basándonos en el criterio jurisprudencial y sabiendo que Álvaro Uribe Vélez es merecedor de la prisión domiciliaria, ha de advertirse que se hace necesario que el acusado inicie la ejecución de su sanción previo a que la decisión proferida cobre firmeza, al superarse con creces los requisitos nominales de necesidad, tal como se procede a analizar”, dijo la togada.
Tras la decisión la defensa del exmandatario colombiano anunció que apelará el fallo, alegando “politización y presión de la izquierda en el poder”, por lo que el caso ahora será revisado por el Tribunal Superior de Bogotá.
Proceso
- Inició del caso (2012-2014): El senador Iván Cepeda presentó testimonios de exparamilitares, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes aseguraron vínculos entre Uribe y grupos paramilitares.
- Contrademanda de Uribe (2014): En respuesta, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por calumnia, fraude procesal y abuso de función pública.
- Investigación y cambio de jurisdicción (2028-2020): La Corte Suprema encontró indicios de que Uribe habría manipulado testimonios, por lo que en 2020 fue condenado a arresto domiciliario, que duró 67 días. Al renunciar a su cargo de senador, el caso pasó de la Corte Suprema a la justicia ordinaria.
- Proceso judicial (2021-2024): Aunque la Fiscalía solicitó la preclusión del caso en 2021. Dos jueces rechazaron la petición. En 2024, con una nueva fiscal general, Uribe fue llamado a juicio por soborno a testigos, fraude procesal y un nuevo cargo de soborno.
Crisis personales
Horas antes del juicio el expresidente, escribió a través de sus redes sociales que estaba preparando la “argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material”. Además, aseguró que en las crisis personales se necesita de la “familia, amigos y compatriotas”.
