Comanditos y apellidotes: justicia sin impunidad | Por: Oscar Bravo
Ya el poder judicial venezolano, actuando como uno de los cinco poderes públicos que son independientes y autónomo en sus funciones, comenzó su investigación para constatar y verificar los resultados de las elecciones presidenciales realizadas el pasado domingo 28 de julio.
El inicio fue con la convocatoria a los 10 candidatos presidenciales (asistieron 9) que participaron en la contienda electoral, para que faciliten cualquier tipo de recaudo que contribuya a responder cuáles son los verdaderos resultados electorales y así se compruebe si hubo algún ilícito electoral. El proceso comenzó tras el recurso interpuesto ante el TSJ por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su condición de candidato presidencial ganador y proclamado por el Consejo Nacional Electoral.
Por supuesto, en la investigación judicial el Consejo Nacional Electoral tiene que enviar en las próximas 72 horas todos los recaudos, incluyendo las actas electorales, a la Sala Electoral del máximo tribunal del país, de acuerdo con lo señalado en el artículo 297 constitucional: “La jurisdicción contencioso electoral será ejercida por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley”.
El proceso judicial del TSJ se convierte en un paso muy importante para aplicación de la justicia, pues existe una temeraria denuncia pública por parte de la ultraderecha “venezolana”, que asegura que se cometió un gran fraude electoral. La investigación permitirá generar responsabilidades en caso de que se determine la simulación de un hecho punible.
Igualmente está ocurriendo con los comanditos guarimberos que han sido detenidos, y en algunos casos han confesado que fueron pagados para generar desorden, caos, destrucción y cualquier cantidad de acciones criminales. Deberán responder ante la justicia venezolana, la cual debe ampliar la investigación con la finalidad de llegar a todas y todos los autores intelectuales de estos delitos, para que sean juzgados por nuestros tribunales.
Y es que la población venezolana no quiere más crímenes sin castigos, ya que el peor enemigo para la credibilidad de la institucionalidad democrática venezolana es que se imponga de nuevo “la impunidad de los apellidos”. Hay que evitar que de manera “conveniente” huyan del país.
OSCAR BRAVO
Comanditos y apellidotes: justicia sin impunidad | Por: Oscar Bravo
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