El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó una suspensión inmediata del intercambio de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad de Estados Unidos. Esta drástica medida, anunciada el martes a través de su cuenta en la red social X, constituye una respuesta directa a los continuos ataques de Washington contra embarcaciones en el Caribe.
Petro dispuso que la inteligencia de la fuerza pública interrumpiera el envío de datos. Específicamente, el mandatario enfatizó que la suspensión se mantendrá “mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe”. Además, subordinó la lucha contra las drogas a los derechos humanos del pueblo caribeño. Esta decisión colombiana profundiza la crisis de cooperación y se suma a una acción similar emprendida por el Reino Unido.
El Reino Unido decidió suspender parte de su cooperación en materia de inteligencia con Estados Unidos después de los recientes ataques militares letales contra embarcaciones en el Caribe. De hecho, esta ruptura en la cooperación ha sido gradual pero firme. Según fuentes citadas por un medio internacional, Londres teme seriamente que la información de inteligencia que comparte pueda ser utilizada para seleccionar objetivos en operaciones que ya han causado la muerte de más de 70 personas. Organismos internacionales califican estas acciones como posibles ejecuciones extrajudiciales.
Preocupación por la legalidad y derechos humanos
Durante años, el Reino Unido colaboró estrechamente con Washington en la localización de embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos, permitiendo a la Guardia Costera estadounidense interceptarlas y detener a sus tripulaciones. Sin embargo, todo cambió desde septiembre, cuando EE.UU. comenzó a ejecutar ataques letales directos contra estos barcos.
Esta escalada generó gran preocupación en Londres sobre la legalidad de las acciones. Consecuentemente, funcionarios británicos consideran que las operaciones violan el derecho internacional y decidieron interrumpir inmediatamente el suministro de inteligencia. Por lo tanto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ya advirtió que los ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales”.
Los ataques estadounidenses han destruido al menos 20 embarcaciones y han causado la muerte de más de 70 personas, no solo en el Caribe, sino también en el Pacífico oriental. La administración de EE. UU. sostiene que los narcotraficantes representan “combatientes enemigos” en un conflicto armado, un argumento que expertos legales y aliados clave como Canadá cuestionan rotundamente. Canadá, por su parte, también se desvinculó de estas operaciones militares.
Aunado a esto, el presidente Petro ha calificado repetidamente los ataques de EE.UU. contra estas embarcaciones como asesinato, instándolo a respetar el derecho internacional. Petro también advirtió que la codicia de EE.UU. por los recursos naturales representa una seria amenaza para Venezuela y para Colombia. De igual manera, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha sostenido que la agresión de EE.UU. busca un cambio de Gobierno en su país para apropiarse de las riquezas nacionales, principalmente del petróleo. Maduro ha recalcado que esta amenaza se extiende a toda la región, declarada zona de paz en la cumbre de la Celac en 2014.
Ambas naciones, Colombia y el Reino Unido, establecen un precedente significativo en la reevaluación de la cooperación en seguridad con Estados Unidos. Finalmente, la suspensión del intercambio de información envía un claro mensaje sobre la primacía de los derechos humanos y el derecho internacional sobre las operaciones militares en el Caribe.
