El gobierno de Colombia debe comparecer y responder ante la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), luego de que el ente extendiera una citación a la audiencia pública que se desarrollará los días 12 y 13 de de mayo próximos, informaron medios locales y agencias de noticias.
En ese sentido, se conoció que en el proceso indagarán sobre la responsabilidad que tienen instituciones colombianas; sobre las amenazas y agresiones que viven constantemente movimientos y dirigentes que trabajan en el ámbito de la defensa de los DD.HH.
Medios como Blu Radio y Caracol Radio reseñaron que desde el años 2001 abundan las denuncias desde Colombia sobre amenaza y persecución ante la CIDH, pero lejos de que el Estado presente soluciones sólo «estigmatiza» a los defensores de derechos humanos en el país.
«La impunidad en la que permanecen las agresiones compromete directamente su responsabilidad en los casos de amenazas, atentados, exilios, campañas de desprestigio; torturas psicológicas y hostigamientos cometidos contra integrantes del CAJAR («Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo», es una de las denuncias que divulgaron.
Asimismo, interpusieron quejas en cuanto a la actuación del Estado colombiano, los miembros de otra organización; conocida como Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Sus voceros asegura que por 3 décadas han sido objeto de agresión estatal.
Corte IDH citó al Estado colombiano por persecución a defensores de derechos humanos https://t.co/PKVZ0ut4wE
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 12, 2022
La violencia como política
Además de la constante presentación de casos de ajusticiamientos, masacres y desapariciones a líderes y y lideresas sociales campesinos y en Colombia, también surgieron señalamientos en medio de la política de agresión que el gobierno de Iván Duque promueven contra activistas de los derechos humanos.
En ese sentido, luego del paro nacional tuvo lugar en 2021 en la nación neogranadina, se sumaron otros informes acerca de la violencia que se manifestó, con toda intención, contra personas ligadas al mencionado ámbito. Todo esto, por parte de los aparatos represores del Estado colombiano.
De allí, que a través de un trabajo que se tituló «El riesgo de defender la libertad en las calles», evidenció la situación de riesgo en la que están permanentemente los movimientos, organizaciones y activistas; que se dedican a defender los derechos humanos en un país sitiado por el narcotráfico que permea, inclusive, las altas esferas de poder.
