Este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP), imputó al general retirado Mario Montoya Uribe y otros 8 militares, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por 130 “falsos positivos” en el oriente antioqueño, entre 2002 y 2003.
Los crímenes atribuidos a los funcionarios forman parte del “Subcaso Antioquia I” del “Macrocaso 03”, expediente que investiga crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, como asesinatos y desapariciones forzadas. Patrón extendido del Ejército durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y que es conocido también como “falsos positivos“. Los imputados son señalados de cometer más de 130 ejecuciones extrajudiciales reportadas como “bajas en combate”, en el departamento de Antioquia.
En el caso del general (r) Montoya, la JEP lo imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad por mentir sobre el número de bajas. Además, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza.
Falsos positivos
La magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Catalina Díaz, dio a conocer que luego de las investigaciones se determinó que Montoya, impuso a sus subalternos la ejecución de “falsos positivos”.
“Los ‘falsos positivos’ en Antioquia no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales, como parte de la política de seguridad de la época 2002-2003. En la Brigada IV, la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar ‘muertes en combate’ como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados o retirados del Ejército”, dijo Díaz.
Continuó diciendo: “La presión por muertes en combate fue ejercida por el comandante de la Brigada, general retirado Mario Montoya, y por los comandantes de los distintos batallones. Especialmente el Batallón de Infantería N°4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (BAJES), sobre los miembros de las unidades tácticas a través de los programas radiales”.
En este sentido, la JEP concluyó que Montoya Uribe, dio la “orden recurrente” y la “obligación” a sus subalternos de reportar el éxito de sus operaciones militares, “en términos de ‘litros’, ‘chorros’, ‘ríos’; así como ‘barriles’, o ‘carrotancados’ de sangre”.
De las 130 víctimas documentadas, 11 eran niños, 4 niñas, 5 mujeres y 3 personas con discapacidad. Además, de los 81 crímenes que confesaron los comparecientes ante la JEP; 33 víctimas las desaparecieron forzadamente y enterradas como personas no identificadas.
Otros imputados
Además, de Montoya los tenientes coroneles retirados: Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero. Así como 4 subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del BAJES, recibieron condenas.
La JEP también imputó como coautores de estos crímenes al comandante de pelotón en las baterías Deriva, Atacador y Cañón, subteniente Emerson Castañeda Morales; al teniente Nelson Carvajal Chisco, comandante de la batería Bombarda y Cañón; el comandante del pelotón Atacador 1, subteniente Edwin Toro; el subteniente José Ramírez, comandante de la batería Cañón; el comandante del pelotón Bombarda 1, subteniente Diego Guzmán Patiño y el soldado regular Óscar Mayo Marulanda.
Por lo que la JEP explicó que “el fenómeno criminal” se mantuvo como prioridad a pesar de que los jefes militares debían garantizar la vida de las personas y proteger a la población civil.
“Impusieron una política de facto que no tuvo en cuenta el derecho internacional humanitario. No se trató de conductas aisladas o casuales. Cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas fue objeto de ataques con una misma finalidad; responder a la presión desmedida y sin control por bajas en combate”, dijo la JEP.