Ante un procedimiento calificado por el Gobierno Bolivariano como un «asalto flagrante» en el caso de la multimillonaria firma de fertilizantes Monómeros, en Colombia, el exdiputado Juan Guaidó se pronunció a favor de la medida que consolida las limitaciones para que acceda a los activos su propietario legítimo; como lo es el pueblo, a través del Estado venezolano.
En ese sentido, Guaidó manifestó mediante una comparecencia difundida en redes sociales, que la maniobra que propicia actualmente se realiza en alianza con la administración de Iván Duque. Como se recordará, la «intervención» a Monómeros la ejecuta la Superintendencia de Sociedades, órgano adscrito al Ejecutivo colombiano.
«Se debe reestructurar la junta directiva, para poder nosotros avanzar en alianza con Colombia, con las licencias necesarias; con lo que necesita la empresa para seguir adelante», fueron palabras del autoproclamado «presidente interino».
La semana pasada, el gobierno venezolano rechazó las acciones contra la empresa nacional, por considerarla una nueva agresión orquestada por el mandatario colombiano, Iván Duque; en complicidad con las mafias lideradas por Juan Guaidó. «Han robado millones de dólares mediante el secuestro y la apropiación ilegal de activos procedentes de la República”, expresaron en un comunicado oficial.
¿Empresa sin rumbo?
Mientras en México se mantiene la recuperación de los activos venezolanos, en la agenda de la mesa de diálogo; el exdiputado Juan Guaidó se muestra decidido a seguir con la violación de leyes. Insiste en despojar al país de propiedades y recursos, con la ayuda del mandatario de Colombia.
En el caso de Monómeros, el proceso interventor que declaró la Superintendencia de Sociedades de la nación neogranadina, se llevó a cabo bajo el pretexto de que la empresa que le robaron al Estado venezolano, arroja casos de corrupción y mal manejo.
Con todo esto, incluso desde otros sectores de oposición han expresado críticas contra la mediodía que apoya Guaidó. Incluso hay señalamientos por el hecho de que sea justo cuando el gobierno colombiano reconoce al supuesto «interinato» que se genera un procedimiento para investigar casos recientes de la compañía.
También ha circulado el cuestionamiento por el hecho de que una institución de contraloría de Colombia; abra un proceso de tutelaje sobre una compañía que no pertenece al Estado colombiano, sino al Estado venezolano. Otros interpretan que, en todo caso, se estaría hablando de irregularidades cometidas por el supuesto «presidente interino» Juan Guaidó.
