Las razones políticas siguen marcando la pauta en torno al proceso por el cual permanece secuestrado el diplomático venezolano, Alex Saab, con la evidente anuencia del gobierno de Cabo Verde y bajo la dirección de la administración de Estados Unidos.
Desde el momento en que se produjo la detención de Saab, hace 408 días, su equipo legal ha mantenido la postura en cuanto a que la medida es arbitraria y mantiene en alto riesgo la integridad física y el derecho a la libertad de Saab. Hasta la fecha, no hay pruebas de las acusaciones que formulan en contra.
El abogado Baltazar Garzón, integrante de la defensa del diplomático ha dicho que toda la trama obedece a la confrontación que los grupos de poder en Estados Unidos mantienen contra la República Bolivariana de Venezuela, por lo que constituye una maniobra de Washington, por razones particulares.
«Se está instrumentando por parte de EE.UU. a la jurisdicción caboverdiana para conseguir un objetivo político en su guerra particular; su guerra económica y jurídica, contra Venezuela y todos sus altos responsables», expresó Garzón en uno de sus pronunciamientos.
Proceso viciado
A más de un año de la detención ilegal de Alex Saab, son crecientes los cuestionamientos sobre la verdadera independencia de los tribunales; ante las decisiones que toman en correspondencia con los objetivos del gobierno y de la Casa Blanca.
En ese sentido, la semana pasada el propio diplomático divulgó una nota en la cual agradeció las manifestaciones de parte de voceros y organizaciones que alzan la voz en protesta por las irregularidades obvias en el caso.
«No puedo expresar lo que eso significa para mí, dándome la esperanza de que el Fiscal General escuche sus voces; después de ignorar la mía durante 408 días largos», añadió.
Otro de los escándalos recientes en torno a Saab lo protagonizó el Ministerio público de Cabo Verde, al reconocer, después de un año de permanecer secuestrado el enviado especial, que la captura se ejecuto sobre la base de «una Alerta Roja equivocada e ilegal». con orden de aprehensión emitida posteriormente y solicitud de extradición a nombre de otra persona.
Asimismo, el gobierno de Cabo Verde insiste en lavarse las manos con respecto al tema. El mes pasado la ministra de Justicia, Joana Rosa, dijo que el caso “ya no es competencia del Gobierno desde que se convirtió en judicial”. Con todo esto, las autoridades aseveran que corresponden al Tribunal Constitucional todas las decisiones acerca del caso.
