El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reveló este miércoles los vínculos del prófugo de la justicia venezolana, Carlos Ocariz, con líder antisocial en Petare conocido como Wilexis.
Según Cabello, ambos mantuvieron una alianza para imponer el terror en la populosa parroquia Petare, ubicada en el municipio Sucre del estado Miranda.
Durante su programa Con el Mazo Dando, Cabello aseguró que Ocariz, quien también fue alcalde de Sucre, fue el responsable de introducir a Wilexis en Petare. “Wilexis lo siembra Ocariz en Petare, eso es una verdad y está demostrado”, afirmó el ministro. Además, expresó su confianza en que Ocariz regresará al país para enfrentar a la justicia: “Estamos esperando que Ocariz venga a Venezuela algún día, y algún día volverá”.
Wilexis, quien operaba en Petare, fue responsable de una serie de delitos, incluyendo extorsiones, secuestros y tráfico de drogas. Las autoridades venezolanas lo abatieron durante un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad del Estado en enero de este año.
Cabello reiteró que Ocariz y Wilexis mantuvieron una relación de complicidad que afectó gravemente a la comunidad de Petare. El ministro subrayó que el gobierno nacional continuará trabajando para garantizar la seguridad y la justicia en todas las regiones del país, sin permitir que figuras como Ocariz evadan su responsabilidad ante la ley.
Más allá del caso Wilexis
La muerte de Wilexis marcó un hito en la lucha contra el crimen en Petare, pero las acusaciones contra Ocariz plantean interrogantes sobre la responsabilidad de figuras públicas en la proliferación de estos grupos. Por lo tanto, el llamado a que Ocariz regrese a Venezuela para enfrentar la justicia resalta la importancia de que los procesos judiciales se lleven a cabo de manera transparente y efectiva.
En conclusión, este caso no solo expone un problema de seguridad, sino también una crisis de gobernabilidad y confianza en las instituciones. La resolución de este tipo de situaciones requerirá no solo acciones contundentes contra el crimen organizado, sino también un esfuerzo por reconstruir la credibilidad del sistema de justicia y garantizar que nadie esté por encima de la ley.
