El Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro prevé vender este año unos 300 activos estadales para obtener 150.000 millones de reales (36.585 millones de dólares), un 42% más que lo obtenido con privatizaciones y desinversiones en 2019. Entre esos activos figuran varias empresas controladas por Eletrobras, la mayor compañía de electricidad de América Latina, la información fue divulgada este martes por el secretario de Privatizaciones y Desinversiones del Ministerio de Economía, Salim Mattar.
Agregó que Eletrobras tiene control directo sobre 210 empresas, entre generadoras, distribuidoras, transmisoras y comercializadoras, de las que ocho son subsidiarias, 173 coligadas y 29 participadas.
La meta del Gobierno para este año es reducir el número de empresas en que el Estado tiene participación bien sea como controladora, como coligada o como accionista. En este sentido, se plantean bajar de 624 en diciembre de 2019 a unas 300 a finales de 2020.
Para el logro del plan, el gobierno someterá al tratamiento del Congreso un proyecto de ley que establece un procedimiento fast track (vía rápida) destinado a facilitar la privatización de empresas estadales en el país.
“Ya tenemos el proyecto prácticamente listo y estudiamos el momento correcto para presentarlo al Congreso” dijo Mattar. La meta de privatizaciones para este año “depende de que el fast track sea aprobado”, admitió.
Mattar aclaró igualmente que el Gobierno no tiene previsto privatizar ni la petrolera Petrobras ni los banco públicos Banco do Brasil y Caixa Económica Federal, que son considerados empresas estratégicas para el país. Pero admitió que en la lista de privatizables sí figuran los Correos, pero que su venta tan sólo está prevista para 2021.
Tan solo en los 8 primeros meses del Gobierno de Bolsonaro fueron realizadas 35 subastas para ofrecer concesiones que generaron inversiones por 105.500 millones de dólares, entre ellos los que transfirieron a la iniciativa privada la gestión de 35 puertos, 12 aeropuertos, una carretera, un ferrocarril y una reserva minera lo que se convierte en políticas neoliberales que afectan a la mayoría de la población.
Entre los 127 proyectos de concesión que serán ofrecidos a partir de 2020 destacan 11 líneas de ferrocarril, 23 puertos, 24 líneas eléctricas, 22 aeropuertos, 19 carreteras, cuatro yacimientos minerales y dos compañías de abastecimiento.
Brasil está de cara a un plan que lo puede llevar a la progresiva pérdida de su soberanía y que claramente responde a la llegada de Bolsonaro al poder. Un político con rasgos autoritarios que recuerdan con nostalgia los tiempos de la dictadura militar, y que fue apoyado por grupos ultraconservadores y por partidarios de una estricta ortodoxia fiscal, con ajustes y privatizaciones.
El ultraderechista brasileño, desde que asumió su mandato, el 1 de enero de 2019, puso en marcha una política económica de claro tinte liberal destinada a mantener congelado el gasto público y reducir el tamaño del Estado mediante ambiciosos programas de privatizaciones y concesiones.
En marzo de 2019, el mandatario visitó a Donald Trump en el que fue su primer viaje oficial al exterior tras asumir el poder. Desde ese entonces, su discurso busca coincidir con el del presidente estadounidense, a quien Bolsonaro patéticamente imita.
El panorama de Brasil pinta con inciertos, dirigida por un mandatario que no se toma en serio los avances sociales conseguidos en el país y se alinea con los Gobiernos de Estados Unidos, Israel, Italia y Hungría. Con riesgos de dejar en su mínima expresión los derechos laborales, ignorar el cambio climático, limitar las inversiones en cultura y dejar el país en manos del conservadurismo religioso.
