Faltan 10 días para las elecciones generales en Bolivia y el abanderado del MAS, Luis Arce va adelante en las encuestas con 10 puntos de ventaja sobre el derechista Carlos Mesa.
Pero la distancia “cómoda” en la intención de votos no da para estar tranquilos en el tramo final de la campaña; ya que desde el partido progresista temen que la dictadura boliviana fragüe un fraude para impedir la victoria del ex ministro de economía de Evo Morales.
De acuerdo a una medición hecha por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) revela que Arce lidera las preferencias con el 44.4%; seguido del 34% de Carlos Mesa.
De confirmarse estos números el día de la elección, bastaría para que Arce se imponga en primera vuelta; ya que la ley boliviana estipula que un aspirante a la presidencia podrá proclamarse ganador si saca más de 40% de los votos y al mismo tiempo saca 10% de ventaja al segundo.
La sospecha de fraude
El temor de Arce a que la derecha no reconozca su victoria el 18 de octubre no es una teoría descabellada producto de su imaginación, ya que esto pasó después de los comicios de 2019; cuando la oposición a Evo Morales desconoció su triunfo, declaró fraude, desencadenó protestas callejeras y terminó dando un Golpe Militar apoyado por la OEA.
La dictadura boliviana en su empeño de lavarse la cara con las elecciones, ha hecho de todo para acomodarse las condiciones que le permitan ganar; proscribió la candidatura al senado de Evo Morales; ha elevado acusaciones contra el abanderado presidencial Luis Arce y ha intentado proscribir al Partido MAS, la primera fuerza política del país.
Las maniobras de la dictadura
El gobierno de facto ha creado las condiciones para judicializar a los dirigentes progresistas del país; y ha solicitado boletas de captura internacional que la Interpol ha desestimado calificando las peticiones como persecución política.
Los comicios generales de este 18 de octubre son la promesa a destiempo de la dictadura boliviana para legitimar un golpe de estado perpetrado en noviembre del año pasado; y el cual según habrían dado para “restablecer la democracia” en Bolivia.