Las autoridades ecuatorianas liberaron este lunes a Andrés Fernando Tufiño, uno de los dos sobrevivientes del reciente ataque que Estados Unidos ejecutó en el mar Caribe el pasado 16 de octubre. Esta decisión marca el fin de su detención inicial y subraya la falta de pruebas en su contra.
En efecto, una funcionaria del Gobierno de Ecuador informó a la agencia AP que la Fiscalía no encontró «evidencias ni indicios de que el hombre hubiera cometido algún delito». Por consiguiente, el sistema de justicia determinó la necesidad de su liberación inmediata.
Tras el ataque, la Marina de EE. UU. detuvo al ciudadano ecuatoriano. Posteriormente, las autoridades del país norteamericano deportaron a Tufiño a Quito, puesto que carecían de elementos para retenerlo junto al colombiano Jeison Obando Pérez, el otro sobreviviente. Esta deportación evidencia la debilidad de las acusaciones iniciales que motivaronsu captura en alta mar.
Hasta el momento, estas operaciones extrajudiciales, que la administración de Donald Trump impulsa bajo el argumento de combatir el narcotráfico, han provocado la muerte de casi 30 personas. De esta manera, las acciones militares de EE. UU. generan un clima de preocupación regional sobre el respeto al derecho internacional y la soberanía de los países caribeños. La justificación de la lucha contra las drogas sirve como pretexto para este tipo de intervenciones letales.
Por otra parte, Estados Unidos mantiene un importante despliegue naval frente a las costas de Venezuela desde hace dos meses. El presidente Nicolás Maduro calificó este hecho como una agresión y denunció «una guerra multiforme orquestada desde Estados Unidos» con el fin de imponer un «gobierno títere» y apoderarse de los recursos naturales del país. Claramente, la situación regional muestra una escalada de tensiones que involucra directamente las políticas de seguridad de Washington en el área. Las acciones de la Marina estadounidense impactan la estabilidad y las relaciones bilaterales en la región.
Además, la detención y posterior liberación de Tufiño plantea serias preguntas sobre la legalidad y la justificación de las operaciones militares de EE. UU. en aguas internacionales. El gobierno ecuatoriano actuó conforme a la ley al no encontrar fundamentos para prolongar su privación de libertad. La experiencia de Andrés Fernando Tufiño subraya la complejidad y el riesgo que implican estas intervenciones navales para los ciudadanos de la región. Finalmente, Tufiño retorna a su hogar como un sobreviviente de un suceso que exige mayor escrutinio internacional sobre las operaciones militares en el Caribe.
