La administración de Donald Trump enfrenta un escrutinio sin precedentes tras la comparecencia de sus principales figuras de seguridad ante el Capitolio. Este martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, acudieron al Senado para justificar los recientes ataques militares en aguas del Caribe y el Pacífico. Aunque la Casa Blanca presenta estas operaciones como una campaña indispensable contra el narcotráfico, la falta de pruebas concluyentes sobre los cargamentos de droga ha intensificado el debate sobre la legitimidad de la fuerza letal empleada por las tropas estadounidenses.
A diferencia de encuentros anteriores realizados a puerta cerrada con grupos reducidos, esta sesión informativa incluyó a la totalidad de los senadores. Durante la jornada, Rubio y Hegseth intentaron aplacar las críticas de los legisladores demócratas, quienes advierten sobre la posible ilegalidad de estas maniobras y la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.
A su salida, ambos secretarios confirmaron que los miembros de las Comisiones de Fuerzas Armadas podrán revisar las imágenes sin editar del bombardeo ocurrido el pasado 2 de septiembre. Aquel incidente generó una ola de indignación internacional, ya que un segundo impacto sobre la embarcación remató a dos supervivientes del ataque inicial, una acción que expertos en derecho militar catalogan como una ejecución extrajudicial.
Nuevos operativos y letalidad en el Pacífico
Pese a los cuestionamientos éticos y legales, el secretario Rubio descartó cualquier modificación en la estrategia actual. Por el contrario, amenazó con la continuidad de los bombardeos contra embarcaciones que la inteligencia estadounidense considere sospechosas. En sintonía con este discurso, Pete Hegseth reafirmó su orgullo por el desempeño de las tropas. El secretario de Guerra desestimó las denuncias de gobiernos latinoamericanos, como los de Colombia y Venezuela, que califican estas acciones de asesinatos arbitrarios bajo el pretexto de una guerra contra las drogas que no arroja resultados tangibles en incautaciones.
Simultáneamente a la comparecencia en Washington, el Comando Sur (Southcom) informó sobre nuevos ataques cinéticos letales en el Pacífico. Según el reporte oficial emitido este lunes 15 de diciembre, la Fuerza de Tarea Conjunta «Southern Spear» destruyó tres embarcaciones en aguas internacionales, resultando en la muerte de ocho personas.
La entidad militar, bajo las órdenes directas de Hegseth, justificó los asesinatos alegando que los individuos operaban para organizaciones terroristas en rutas conocidas de tráfico de sustancias ilícitas. Sin embargo, estas operaciones ocurren en un contexto donde ya se contabilizan más de 80 muertes en los últimos meses debido a la agresiva presencia naval frente a las costas venezolanas.
Finalmente, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado reiteradamente que esta estrategia de Washington busca criminalizar a la Revolución Bolivariana sin sustento alguno. El mandatario venezolano alertó que el gobierno de Trump usa la narrativa de un «cártel» inexistente para manchar la imagen del país. Para Caracas, el objetivo de estas incursiones no es la seguridad regional, sino un cambio de régimen para apoderarse de las reservas de petróleo y gas. Mientras la tensión escala, el mundo observa cómo el Capitolio decide si estas operaciones son defensa legítima o ataques criminales al margen del derecho internacional.
