El canciller venezolano Jorge Arreaza calificó de irresponsable que algunos voceros del Gobierno de Estados Unidos sigan reivindicando las medidas coercitivas pese a que instituciones oficiales de ese país han ratificado su carácter devastador para la economía.
Además, recordó que en el más reciente estudio de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental se detalló las terribles consecuencias de las sanciones.
De igual manera, condenó el desgastado discurso de Donald Trump, expresidente que fracasó en todas sus agresiones contra el país.
«Parece mentira. Aunque sus propias instituciones especializadas demuestran los daños que sus «sanciones» criminales generan en la economía y el pueblo de Venezuela, los voceros del Departamento de Estado siguen repitiendo el mismo discurso irresponsable de la Administración Trump«, escribió.
Parece mentira. Aunque sus propias instituciones especializadas demuestran los daños que sus "sanciones" criminales generan en la economía y el pueblo de Venezuela, los voceros del Departamento de Estado siguen repitiendo el mismo discurso irresponsable de la Administración Trump https://t.co/7SOKJ0sXGj
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 10, 2021
Reconocen la criminalidad
El referido informe fue petición del poder legislativo y dirigido a Gregory Meeks, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
El mismo analiza el impacto de las sanciones, reconociendo el terrible daño causado desde 2015, explica que las instituciones de asistencia humanitaria se han visto de manos atadas.
También analizan que el bloqueo ha aumentando la presión contra el pueblo y recomienda hacer mayor seguimiento para auxiliar.
Asimismo en el documento se emplaza al Departamento del Tesoro para “socorrer al pueblo venezolano” porque las medidas coercitivas han exacerbado la crisis.
Del mismo modo, varias organizaciones de derechos humanos han solicitado que se deroguen las ilegales sanciones para permitir la libre comercialización.
Expediente criminal
El punto de inicio de la presión imperial fue en 2014 con la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil.
Este ilegal dictamen extraterritorial se aplica contra Venezuela, después de ser aprobada en el Congreso de Estados Unidos y ha sido devastador.
El instrumento completamente violatorio del derecho internacional, impone sanciones, bloqueos y medidas coercitivas al Gobierno de Venezuela, instituciones públicas y privadas, personas y empresas extranjeras que comercien con el país.
Junto a esa absurda e ilegal norma establecida se han dictado 7 órdenes ejecutivas para agudizar la crisis y tener un efecto devastador.
Además limita por completo el accionar productivo, comercial y financiero de la nación, afectando directamente al Poder Ejecutivo.
Otras instituciones como el Banco Central de Venezuela, entidades financieras, Petróleos de Venezuela han sido víctimas.
Lo mismo las empresas básicas y estratégicas de la nación, para coartar el desarrollo libre de estas instancias.
El informe detalla una a una las medidas adoptadas de manera ilegal, exaltando la crueldad de quienes las impones con total alevosía para afectar a la población venezolana con el único interés de propiciar un cambio de régimen en Venezuela.
