La Corte Suprema de Argentina, confirmó este martes la condena de 6 años de prisión e inhabilitación política perpetua para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta, al determinar que dirigió contratos estatales a un amigo durante su mandato como primera dama y presidenta.
El fallo dejó a Fernández de Kirchner, de 72 años, sujeta a arresto, lo que provocó inmediatamente protestas y bloqueos de autopistas por parte de sus simpatizantes en Buenos Aires. El tribunal, además, solicitó al Ministerio de Seguridad la creación de un centro de detención para ella. Sin embargo, su abogado defensor, Carlos Beraldi pidió arresto domiciliario dada su edad.
La decisión también impide que Fernández presentarse en las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, a pesar de haber lanzado su campaña recientemente. Fernández, una figura dominante en la política argentina durante 2 décadas y líder del movimiento populista de izquierda conocido como kirchnerismo, ha negado consistentemente las acusaciones, calificándolas de motivadas políticamente.
Venganza de poder
Por su parte, el abogado de la expresidenta, Gregorio Dalbón, calificó la condena de la Corte Suprema como una «venganza de poder». Al tiempo que afirmó que no hay delito ni pruebas que la justifiquen, lo que a su juicio demuestra la falta de justicia en Argentina.
«La condena firme contra la Dra. Cristina Fernández de Kirchner no constituye el desenlace de un proceso justo: marca, en cambio, el punto más oscuro de una operación sistemática de hostigamiento político, judicial y mediático«, escribió en la red social X.
Para Dalbón, esta sentencia, ratificada poco después de que el máximo tribunal confirmara los 6 años de prisión e inhabilitación, es una de las más «graves y vergonzosas» desde el retorno de la democracia en 1983.
En este sentido, afirmó que el proceso contra Fernández estuvo «viciado» desde el inicio y que el tribunal actuó «sin independencia ni imparcialidad», por lo que considera que el fallo «no resiste un control de constitucionalidad ni de convencionalidad«.
Protestas masivas
Tras conocerse la noticia las protestas no se hicieron esperar, la Confederación General del Trabajo (CGT) salió a las calles como señal de respaldo a la expresidenta argentina.
Líderes sindicales, quienes habían anticipado estas acciones, califican el caso como un ejemplo de «lawfare» o persecución judicial con fines políticos. Miles de trabajadores se concentraron en puntos estratégicos del área metropolitana en rechazo a la sentencia.
Mientras que, la organización Abuelas de Plaza de Mayo, denunció que la Corte Suprema de Argentina actuó con «persecución y proscripción» contra la expresidenta Cristina Fernández.
A través de un comunicado, manifestaron que este es un «nuevo y triste episodio de persecución, impulsado por una Corte que responde a un sector de la política».
Por último, la organización advirtió que el fallo judicial, que ratifica la condena de 2022 por administración fraudulenta agravada, representa un «ataque a la democracia» y responde al interés político de apartar a Fernández de la contienda electoral.
