Soplan nuevos vientos en Argentina con la instalación de una nueva gestión, liderada por Alberto Fernández, quien se ha mostrado desde su campaña a favor de la legalización del aborto. Este viernes fue aprobado que, en casos de violación o que la vida de la mujer esté en peligro, un protocolo para garantizar la Interrupción legal del embarazo (ILE) todo de la mano del nuevo ministro argentino de Salud, Ginés González García.
Se trata del Derecho de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es un protocolo basado en el código penal en el cual se establecen los casos en los cuales no es punible el aborto, por ejemplo, cuando el embarazo es resultado de una violación. Existe hace casi 100 años en Argentina y es diferente del proyecto de ley tratado el año pasado en el poder legislativo. A este proyecto se le conoce como IVE (Interrupción VOLUNTARIA del embarazo). Así lo que tratado en el ministerio de salud es completamente legal.
«Iniciamos un camino, que es el de la aplicación de la ley, y creemos que va a haber algunas organizaciones antiderechos que van a cuestionar», manifestó el ministro.
Entra en funcionamiento un procedimiento, mediante el cual se les garantizará el aborto no punible a las mujeres y niñas que hayan resultado embarazadas por violación. «Seguro Gratuito En hospitales públicos y con pastillas. Basta de clínicas clandestinas que lucran con el dolor», publicaron las mujeres argentinas por las redes sociales.
Este avance legal se realiza por las cientos de muertes de mujeres argentinas que por evitar la ley y por la pobreza que aqueja a un sector de la sociedad, recurrían a prácticas poco profesionales para abortar y así brindar una mayor protección frente a la posible objeción de conciencia de los médicos.
En Argentina, país de mayoría católica, la ley permite la interrupción del embarazo en caso de violación o amenaza a la vida o la salud de la madre, sin embargo, esa norma no siempre se aplica, además de que los hospitales locales deciden qué casos caen bajo los criterios legales.
El protocolo otorga un marco legal para la interrupción del embarazo en casos en que la salud de la mujer estuviera en riesgo, o en que el embarazo hubiera sido producto de una violación.
