Luego de la maniobra que adelantó el exdiputado Juan Guaidó mediante el supuesto Parlamento que insiste en sostener vigente desde el año 2015, surgen más denuncias de sus antiguos socios en las propias filas de la ultraderecha. Todo en relación a las aberraciones legales que implica la extensión del autodenominado “gobierno interino”.
En ese sentido apuntan los señalamientos del abogado opositor, José Ignacio Hernández, quien considera que la decisión constituye una violación a la Constitución nacional y pone en riesgo los activos del Estado venezolano en el exterior.
Hernández, fungió durante un tiempo como presunto “procurador especial” de Guaidó; una figura creada para avanzar en el despojo de propiedades y recursos del pueblo venezolano en otros países. Por ejemplo, el caso de la compañía Monómeros en Colombia.
“Tampoco la solución es eliminar el control parlamentario. Pero eso es lo que se logra con esta reforma, pues si la AN asume funciones ejecutivas, entonces, nadie podrá controlar a la AN. Esto genera incentivos para la mala gestión, como sucedió en Monómeros”, manifestó el abogado Hernández.
Todo al margen de la ley
De esta manera, el montaje que el exdiputado Juan Guaidó estableció junto a sus aliados al autoproclamarse como supuesto presidente interino en el año 2019, ahora viola incluso sus propias “reglas de juego”, con el objetivo de alargar su permanencia al frente de una figura que no tiene soporte en el marco legal nacional.
Sin embargo, ese autodenominado “interinato” es el mecanismo que utilizan como plataforma para recibir apoyo del gobierno estadounidense u otros socios en la Unión Europea y Colombia, por ejemplo.
Por otra parte, en la misma línea en torno a la maniobra de Guaidó, el también vocero de la oposición y abogado constitucionalista venezolano, Alan Brewer Carías, otros de los antiguos socios de Guaidó, manifestó su desacuerdo acerca del procedimiento que anunció el grupo de la extrema derecha y expuso los argumentos legales que tomó en cuenta.
“La reforma del Estatuto de Transición aprobada en primera discusión por la AN creando un gobierno de Asamblea; no solo es el ‘suicidio’ del régimen de transición a la democracia decretado en 2019. Sino que es inconstitucional al violar el principio de separación de poderes”, señaló Brewer Carías.