La Asamblea Nacional (AN) reveló los nombres de los dirigentes opositores que recibieron órdenes del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ejecutar acciones contra Venezuela.
El primer vicepresidente de la AN de 2020, Pedro Infante, presentó un balance de la investigación profunda que lleva a cabo el Parlamento para indagar sobre los dirigentes opositores que recibieron órdenes de Trump.
Infante manifestó que quienes hayan participado en estos delitos contra Venezuela son responsables dentro y fuera del país. Tras alegar que actuaron violando la Constitución y otras normas legales nacionales e internacionales.
La lista de 18 dirigentes opositores está integrada por Juan Guaidó, David Smolansky, Freddy Guevara, Yon Goicoechea, María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles, Henry Ramos Allup. Además, de Tomás Guanipa, Antonio Ledezma, Gustavo Tarre Briceño, Elías Mata, Carlos Vecchio, Miguel Pizarro, Juan José Rondón y Gustavo Marcano.
A ellos se suman Alfredo Federico Ravell, Juan Pablo Guanipa, Ismael García, William Dávila, Luis Palacio, Horacio Medina, José Guerra, Freddy Superlano, entre otros.
Vale recordar que María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano son candidatos a las elecciones primarias de la oposición.
“Vamos a determinar delitos cometidos con responsables nacionales e internacionales y propondremos un conjunto de acciones que, desde la Asamblea Nacional”; expresó.
Asimismo, el diputado explicó que los delitos de los que se les acusa a estos dirigentes opositores son traición a la patria, usurpación de funciones, asociación para delinquir, terrorismo y otros previstos en las nuevas leyes de Extinción de Dominio y Protección de Activos.
Añadió que cometieron crímenes de lesa humanidad al pedir sanciones que afectaron la inversión de recursos en áreas como la salud; de violar la Carta de Naciones Unidas y la Convención de Viena.
El presidente de la Comisión que investiga a los opositores pidió a la plenaria una prórroga de 30 días para continuar con la investigación y presentar un informe final.
El informe tendrá prueba de los delitos y acciones a proponer al resto de Poderes Públicos, para iniciar acciones penales.