Acusados exgerentes de Pdvsa por filtración que causó daños al país

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El Ministerio Público realizará la audiencia preliminar de los trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, el próximo 14 de septiembre. Asimismo investigará posible violación de derechos humanos al momento de la captura de los jóvenes presuntamente implicados en filtrar información estratégica de la nación.

Esta noticia la dio a conocer por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en conferencia de prensa. Confirmó que sostuvo reunión con familiares y amigos de los detenidos, a petición del Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro.

En la comparecencia dijo: «hoy informaremos sobre un caso que ha sido muy notorio por las implicaciones que ha tenido para el país; y también porque ha sido utilizado para sembrar dudas sobre las instituciones del sistema de justicia». 

Detalles del caso

Abordó detalles sobre la investigación a los jóvenes (compañeros sentimentalmente) «fueron detenidos el pasado mes de marzo por su implicación en graves hechos; que comprometieron la seguridad de la industria petrolera e incluso del país».

El fiscal Saab recordó que este caso se inició luego de la denuncia de un funcionario adscrito a la Gerencia General de Operaciones de Crudo, en el mes de enero. La denuncia «se refería al forjamiento de un documento para el despacho de crudo MESA 30 y Gas Licuado de Petróleo (GLP); a la empresa West Atlantic Cargo Suramericana S.A., la cual no tenía relación comercial con Pdvsa».

En tal sentido, expresó que «iniciadas las investigaciones, se detectó que la información publicada está estrechamente vinculada con las actividades que desempeñaban Torrealba, como Gerente de Operaciones de Crudo, como Chirinos; quien dirigía la Gerencia de Operaciones de Especialidades».

También Saab dijo «Chirinos tenía como responsabilidades directas los programas de suministro de gas licuado de petróleo; el suministro de especialidades a refinerías de Pdvsa, Además de coordinar y controlar la nacionalización de crudos, productos e insumos, lo cual los ubicó como principales sospechosos».

Por otra parte, informó que «fue solicitada la orden de aprehensión contra ambos por los delitos de reserva de divulgación o suministro de datos o información; corrupción propia, asociación, entre otros».

Investigaciones

El fiscal general dio a conocer detalles de la investigación a la opinión pública y expresó que «fueron realizadas múltiples diligencias, incluidas experticias informáticas, dictámenes periciales, entrevistas a testigos; entre otros procedimientos que arrojaron la presentación del escrito acusatorio con pruebas que el Ministerio Público considera contundentes de los elementos recabados en 12 experticias realizadas».

En las declaraciones, dijo que también se detectó «el forjamiento de documentos para el despacho de crudo MESA 30 y Gas Licuado de Petróleo (GLP) a una empresa sin relación comercial con Pdvsa y se recabó un Memorándum; de fecha #16Feb de 2019 y un punto de cuenta de fecha #1Mar de 2019 en el que se deja constancia de las solicitudes que realizaba directamente Chirinos a la Vicepresidencia de Comercio y Suministros«. 

Entre los elementos agregó que también verificaron «pago de servicios operacionales de descarga de Gas Licuado de Petróleo, en euros y dólares; bajo la modalidad de pago por compensación sin la aprobación del Comité de Comercio y Suministros, afectando directamente el patrimonio de Pdvsa». 

Otros elementos 

También el fiscal dijo que «en el allanamiento de la residencia de los implicados se recabó un disco duro externo; 3 computadoras, 2 celulares y documentos que contenían información confidencial relacionada con hidrocarburos de diferentes tipos que se comercializan en Venezuela».

Agregó que los elementos «incluye clientes estratégicos, precios de ventas, países de destino y rutas de buques, que ya habían sido filtrados en redes sociales. Dicha información no debía estar en manos de ambos gerentes porque pertenecían a otras Gerencias».

Para concluir, el fiscal venezolano dijo que también «se colectó un documento sobre terminales de despacho y sus ubicaciones en el país; capacidad de producción, operacionalidad de los muelles en la refinería de Puerto La Cruz; entre otros detalles operacionales de la industria».

 


 

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