Abogado del Comando Sur cuestionó ataques letales en el Caribe

El portal de noticias NBC News reveló recientemente que el principal abogado militar del Comando Sur de Estados Unidos manifestó serias «preocupaciones legales» en torno a la directriz del gobierno de Donald Trump de ejecutar ataques letales contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Mar Caribe.

Esta información, sustentada por seis fuentes distintas, pone de manifiesto una discordancia interna significativa sobre la legalidad de dichas operaciones, a pesar de que las opiniones del jurista fueron finalmente desestimadas por la alta jerarquía. El texto de NBC News detalla que el abogado, quien ocupa el cargo de juez abogado general principal (JAG) en el Comando Sur, ubicado en Miami, planteó sus inquietudes legales en agosto de 2020.

Esta comunicación se produjo antes del inicio de los ataques en septiembre de ese mismo año, según confirmaron dos altos funcionarios estadounidenses, dos asesores del Congreso y dos ex altos funcionarios. A pesar de la relevancia de su posición, altos funcionarios del gobierno, incluyendo la influyente Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, decidieron desestimar su opinión.

La preocupación central del JAG del Comando Sur radicaba en la naturaleza de estos ataques. El abogado expresó específicamente su temor de que los asaltos contra individuos a bordo de embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental, a quienes la administración estadounidense calificaba de “narcoterroristas”, pudieran constituir lo que legalmente se conoce como ejecuciones extrajudiciales. Esta consideración tiene implicaciones graves, pues expondría legalmente a los miembros del servicio militar involucrados directamente en las operaciones, un riesgo que el sistema legal estadounidense busca evitar.

Además del principal asesor jurídico, la información señala que otros abogados militares y de diversos rangos también expresaron sus opiniones sobre la legalidad de los ataques a las embarcaciones. Aunque no se precisaron las posturas individuales de cada uno, fuentes como dos altos asesores del Congreso y un ex alto funcionario estadounidense confirmaron que varios de estos juristas, tanto civiles como militares, comunicaron su preocupación a altos funcionarios de sus respectivas unidades y del Departamento de Defensa.

Tradicionalmente, la opinión del principal asesor jurídico de un comando militar es crucial para la decisión de proceder o no con una operación. Si bien los altos mandos poseen la autoridad para desautorizar a estos asesores, la práctica habitual indica que es poco común que las operaciones avancen sin una consideración seria de sus recomendaciones.

A pesar de estas revelaciones, el Pentágono ha mantenido una postura de negación firme. Sean Parnell, portavoz principal de la entidad, declaró categóricamente que “el Departamento de Guerra niega categóricamente que algún abogado del Pentágono, incluidos los del Comando Sur (SOUTHCOM), con conocimiento de estas operaciones, haya expresado inquietudes a los abogados de la cadena de mando sobre la legalidad de los ataques realizados hasta la fecha, ya que saben que actuamos dentro del marco legal”.

Parnell insistió en que las operaciones actuales en el Caribe son “legales tanto según la legislación estadounidense como la internacional, y todas nuestras acciones cumplen plenamente con el derecho de los conflictos armados”, una afirmación que contrasta con las informaciones divulgadas por NBC News sobre las discrepancias internas en torno a la legalidad de estos ataques.