Venezuela rechazó las nuevas sanciones económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y otras cuatro instituciones financieras.
Las medidas “unilaterales, coercitivas, arbitrarias e ilegales” del Gobierno estadounidense surgen en represalia contra Venezuela, luego que el Ejecutivo nacional desarticulara una célula terrorista liderado por Roberto Marrero, miembro del equipo del diputado en desacato, Juan Guaidó.
Mediante un comunicado, las autoridades venezolanas denunciaron que las sanciones de EE.UU. surgen con la intención de cercenar el derecho los venezolanos, a su desarrollo integral y a la sostenibilidad de su sistema financiero nacional e internacional.
“Este ataque que atenta contra directamente contra el corazón de las finanzas del pueblo venezolano, demuestra la hipocresía imperial que ofrece de manera engañosa una falsa ayuda humanitaria, mientras ataca las fuentes de generación de recursos de Venezuela, a través de sanciones directas a Pdvsa y Minerven, y ahora contra el circuito financiero nacional”, citó el comunicado.
Asimismo, indicó que este ataque a las entidades financieras pretenden impedir la materialización de los planes sociales y productivos, impulsados por agentes económicos públicos y privados del país.
La Republica Bolivariana de Venezuela rechaza las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales anunciadas por el gobierno supremacista de EEUU, que impactan al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y cuatro (4) importantes instituciones financieras del país pic.twitter.com/nrwBQBHS3j
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 22, 2019
Detalló que esta medida afecta a 23.950.280 personas y empresas públicas y privadas, además de los Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario, y de manera directa a ciudadanos de países del continente, tras dirigir su ataque al Banco Prodem en Bolivia y el Banco Bandes en Uruguay.
Por último, destacó que el pueblo y el Gobierno venezolano se mantendrá firme en la defensa de su independencia y soberanía política, económica y cultural.
El Gobierno de EE.UU. prohibió a los ciudadanos estadounidenses y a entidades bancarias a realizar negocios con las entidades financieras sancionadas.
