El dueño de la casa en Los Palos Grandes, Caracas, donde se hizo la fiesta en plena pandemia, Jorge Echenagucia Vallenilla, construyó un consorcio petrolero con el que pretendía hacer negocios con el Estado venezolano tras la autoproclamación de Juan Guaidó y en pleno bloqueo económico a Venezuela.
El portal de investigación La Tabla detalló, tras densas indagaciones, que Echenagucia creó una compañía en Estados Unidos. Se trata de Hot Oil Engineering LLC, una empresa petrolera, aunque su documento de constitución dice que se puede de dedicar a cualquier tipo de actividad permitida, pero en realidad se trata de una frase rutinaria en este tipo de gestión.
El mismo día del registro, también lo hizo una empresa denominada JV Integral Services LLC, cuyo único directivo u oficial es Jesús Vera. 10 días después se inscribió otra llamada Confab Petroleum Solution LLC, al frente de la cual figuran Gerardo Casco Bosco, Mario Bosco y Christiaan Soto, así como otra compañía de nombre Crude Oil Integral Solutions LLC.
La Tabla aclara que la creación de estas empresas no obedece al desarrollo natural de un negocio sino al cumplimiento de requerimientos legales y comerciales para abordar una contratación preestablecida, donde el «mercado» objetivo es el gobierno de Venezuela y la estatal petrolera PDVSA.
Este mismo blog señala la imposibilidad de un negocio con el gobierno de Venezuela o su petrolera, con compañías recién formadas en jurisdicción estadounidense, en medio del esquema de medidas coercitivas unilaterales.
En el mismo trabajo, se presume que los negocios previstos de estas empresas no eran con el gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro, sino con el hipotético de Juan Guaidó, que a pesar de ser de «imaginario» tiene el control del principal activo venezolano en EE.UU., que es la corporación de refinación y distribución de combustibles, Citgo.
En noviembre de 2018, Echenagucia fue acusado por el Ministerio Público de un nuevo desfalco a la nación con divisas de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), por $14 millones de dólares con importaciones fraudulentas a través de cuatro empresas fantasmas, así como por la comercialización de drogas.
