La fiscalía chilena informó que inició 26 investigaciones referentes a las muertes producidas por grupos de seguridad del estado durante las manifestaciones en contra de las medidas económicas del presidente Sebastián Piñera y su gobierno.
Entre los asesinados se encuentran personas aún por identificar, los cuales en vida estaban bajo custodia del estado y otras cinco personas fueron por acción directa de grupos policiales.
A pesar que varias de las medidas económicas que motivaron las protestas fueron derogadas, los niveles de represión incrementaron la cantidad de personas en las calles que expresaban su rechazo al gobierno nacional chileno.