La Asamblea Nacional (AN) tomó acciones contundentes este martes para frenar las irregularidades en los servicios de aparcamiento privado que afectan el bolsillo de los ciudadanos. Durante la sesión ordinaria, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, instruyó formalmente a la Comisión de Administración y Servicios el inicio inmediato de una averiguación exhaustiva sobre el cobro excesivo que reportan diversos usuarios en todo el territorio nacional.
Esta medida busca restablecer el orden y la justicia económica en un sector que, según las denuncias recibidas, opera actualmente fuera de los marcos regulatorios establecidos por el Estado venezolano. El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, presentó ante la plenaria un informe detallado que describe las prácticas abusivas de las empresas operadoras. Según el parlamentario, estas compañías imponen tarifas desmesuradas y obligan a los usuarios a cancelar montos en divisas bajo la modalidad de «tarifa plana».
En consecuencia, los ciudadanos pierden el derecho a pagar proporcionalmente por las horas de uso real, lo que constituye una violación directa a los derechos del consumidor. Infante señaló que este fenómeno ocurre debido a una falta prolongada de supervisión y fiscalización directa sobre estos establecimientos.
Por esta razón, la plenaria debatió la necesidad de aplicar correctivos urgentes que protejan el salario de los trabajadores. El diputado Infante enfatizó que muchas de estas empresas ignoran las normativas vigentes, amparándose en una supuesta autonomía para fijar precios de manera unilateral. Además, el legislador subrayó que la ausencia de controles ha permitido que el sector de los estacionamientos se convierta en un foco de especulación descontrolada que impacta negativamente en la movilidad urbana y la economía familiar.
Coordinación institucional para la justicia
Para abordar el problema de raíz, el Parlamento propuso una estrategia de trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. La Comisión de Administración y Servicios establecerá una coordinación directa con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Asimismo, estas instancias trabajarán de la mano para revisar las estructuras de costos actuales y determinar los márgenes de ganancia permitidos por la ley venezolana.
En este sentido, el objetivo principal de la investigación radica en auditar cada centro de cobro para verificar si cumplen con la emisión de facturas legales y el respeto a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. El diputado Pedro Infante insistió en que el Estado debe avanzar en la fiscalización rigurosa y tomar acciones legales ajustadas a derecho contra quienes reincidan en estas faltas.
Por otra parte, Jorge Rodríguez designó una comisión especial de alto nivel para liderar este proceso, integrada por los diputados Pedro Carreño, Francisco Torrealba y José Gregorio Correa. Este equipo multidisciplinario deberá presentar un informe detallado de manera perentoria que recoja la situación real tanto en la ciudad de Caracas como en las principales capitales del país. La intención es generar un nuevo reglamento o ajustar las leyes existentes para que no existan vacíos legales que permitan el cobro arbitrario de tarifas en el futuro cercano.
Finalmente, la Asamblea Nacional ratifica su compromiso de legislar en favor del pueblo y contra cualquier forma de usura. Los parlamentarios aseguraron que no permitirán que intereses particulares vulneren la estabilidad económica de la nación. Con esta investigación, el Legislativo envía un mensaje claro a los prestadores de servicios privados: la transparencia y el cumplimiento de la ley son requisitos indispensables para operar en el país.
