El presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, diputado Jorge Arreaza, anunció un balance contundente sobre la aplicación de este instrumento legal. Hasta la fecha, el sistema de justicia ha procesado con éxito miles de expedientes, lo que ha permitido otorgar 7.727 libertades plenas de un total de 12.557 solicitudes recibidas originalmente por los tribunales competentes.
Este avance representa un paso firme hacia la institucionalización de la paz y el reencuentro político en el país, bajo el estricto cumplimiento del marco jurídico vigente. Diversos actores han impulsado estas solicitudes ante el Poder Judicial. En este sentido, el Ministerio Público, la Defensa Pública, abogados privados, familiares y otros actores legitimados por el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) han consignado la documentación necesaria.
No obstante, la Comisión realizó un exhaustivo trabajo de auditoría para garantizar la transparencia del proceso. Como resultado de esta depuración, los analistas detectaron 2.831 solicitudes duplicadas, cifra que representa el 23% del total bruto. Por consiguiente, el universo real de solicitudes válidas para su procesamiento se situó en 9.726 casos. Gracias a este ordenamiento administrativo, el Estado garantiza que las libertades otorgadas correspondan a expedientes verificados, evitando errores procesales y agilizando la respuesta judicial para los ciudadanos que cumplen con los requisitos de la Ley.
Exclusiones y cumplimiento del Artículo 9
Es fundamental destacar que la Ley de Amnistía posee límites claros para proteger la seguridad ciudadana y la ética pública. Por tal motivo, los tribunales rechazaron 1.460 solicitudes tras verificar que los individuos estaban involucrados en delitos comunes o graves violaciones a la ley. El artículo 9 de la normativa excluye explícitamente a quienes hayan cometido actos de corrupción, narcotráfico, homicidios o violaciones a los derechos humanos.
Por otra parte, Arreaza detalló la naturaleza de los beneficios concedidos. De las 7.727 personas beneficiadas, 7.474 ciudadanos ya se encontraban en la calle bajo medidas cautelares o régimen de presentación. Ahora, gracias a la Ley, estos venezolanos gozan de la extinción definitiva de la causa penal. Además, 253 personas que permanecían privadas de libertad en centros de reclusión obtuvieron su boleta de excarcelación de forma inmediata.
Actualmente, la Comisión mantiene 539 casos bajo estudio minucioso para determinar su procedencia. Asimismo, el diputado informó que han extendido el beneficio a 116 personas que, aunque no aplican estrictamente para la amnistía, recibieron medidas sustitutivas de privación de libertad por recomendación directa de esta instancia técnica. El espíritu de la ley busca atender casos especiales, incluyendo a trabajadores y ciudadanos que residen en el exterior y actúan mediante apoderados, asegurando que sus libertades y derechos procesales reciban el debido seguimiento.
Finalmente, el diputado Arreaza hizo un llamado a la actualización de datos por parte de las organizaciones no gubernamentales. La Comisión envió al Foro Penal una lista detallada con 82 nombres de personas ya excarceladas y 42 ciudadanos que enfrentan juicios por delitos comunes, pero que aún figuran en sus registros como «presos políticos». El Estado mantiene el contacto abierto con todos los sectores para que la verdad procesal prevalezca sobre la desinformación.
