El Ministerio Público reafirmó la soberanía jurisdiccional de Venezuela sobre uno de los casos más complejos de la historia reciente. Durante una entrevista en el programa “A Pulso”, transmitido por Venezolana de Televisión, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, aclaró el estatus real de los detenidos por la trama PDVSA-Cripto. El alto funcionario aseguró que los principales responsables de este desfalco permanecen capturados en territorio venezolano, bajo la estricta custodia de las instituciones de seguridad del Estado.
Esta declaración surge como una respuesta contundente a las versiones que circularon en plataformas digitales durante las últimas horas. En ese sentido, Saab desmintió categóricamente los rumores sobre una presunta custodia extranjera o el traslado de los implicados a dependencias internacionales.
El fiscal calificó como «noticias falsas» las interpretaciones derivadas del cambio de estatus en portales de agencias estadounidenses, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), ratificando que los procesados se encuentran a derecho exclusivamente ante la justicia venezolana.
Tolerancia cero contra la corrupción
Por otra parte, el titular del Ministerio Público enfatizó que la captura de estos sujetos, vinculados directamente al saqueo de la industria petrolera nacional, responde a una política de Estado inquebrantable. El funcionario explicó que el sistema de justicia venezolano opera con total independencia y eficacia para sancionar a quienes traicionaron la confianza pública.
“Están capturados en Venezuela los responsables de lo que fue la brutal trama PDVSA-Cripto”, sentenció Saab, reiterando que la vigilancia sobre estos detenidos cumple con todos los protocolos de seguridad nacional.
Asimismo, el Fiscal General aprovechó el espacio para aclarar el alcance de los nuevos instrumentos legales del país. En tal sentido, recordó que la recién promulgada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática posee límites éticos y jurídicos muy precisos. Bajo esta premisa, subrayó que los delitos graves relacionados con la corrupción administrativa y el daño al patrimonio público no califican para ningún tipo de beneficio procesal o libertad bajo esta ley. En consecuencia, los implicados detenidos en la red PDVSA-Cripto deberán enfrentar la totalidad de sus penas según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.
Adicionalmente, el funcionario destacó la labor de los órganos auxiliares de justicia en la desarticulación de las mafias financieras que operaban mediante criptoactivos. El Estado venezolano, según sus palabras, posee la tecnología y la capacidad investigativa necesaria para procesar estos delitos de cuello blanco sin necesidad de tutelajes externos. Por lo tanto, el Ministerio Público continuará las investigaciones para identificar cualquier ramificación adicional de esta estructura criminal que intentó socavar la economía nacional.
Finalmente, Venezuela proyecta un mensaje de fortaleza institucional al mundo al mantener el control total del proceso judicial. El fiscal general concluyó su intervención asegurando que la nación no cederá su competencia legal sobre personas que cometieron crímenes en suelo patrio. Al garantizar que los detenidos rindan cuentas ante los tribunales nacionales, el Estado venezolano reafirma su compromiso con la transparencia y la lucha frontal contra la delincuencia organizada en todas sus formas.
