El Gobierno Bolivariano presentó este martes un reporte exhaustivo sobre los alcances de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, a pocos días de su entrada en vigor. El presidente de la Comisión Especial, Jorge Arreaza, anunció que el sistema de justicia ya registra un número significativo de beneficiados tras la promulgación del instrumento el pasado 19 de febrero.
Las cifras oficiales confirman la ejecución de 177 excarcelaciones inmediatas, junto al otorgamiento de 2.021 libertades plenas para ciudadanos que permanecían bajo regímenes de presentación periódica ante los tribunales.
Este avance normativo responde a una solicitud directa de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, quien impulsa la reconciliación nacional como eje prioritario de su gestión. En este sentido, Arreaza explicó que el Estado venezolano busca sanar las heridas sociales mediante mecanismos jurídicos que garanticen la paz duradera. Asimismo, el representante de la comisión informó que los organismos competentes procesan actualmente más de tres mil solicitudes adicionales, lo que demuestra la confianza de la población en la efectividad de este proceso de pacificación.
Límites claros y justicia
El diputado Arreaza enfatizó que la normativa protege el derecho a la justicia, por lo que excluye de forma taxativa a los responsables de crímenes atroces. Por consiguiente, los tribunales no otorgarán el estatus de beneficiados a personas incursas en violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. De igual manera, el artículo 9 de la ley prohíbe el beneficio para responsables de homicidios intencionales, tráfico de drogas y hechos de corrupción administrativa.
Además, el espíritu de la ley resguarda la soberanía nacional frente a agresiones externas. En consecuencia, el texto legal contiene un parágrafo especial que impide la amnistía para quienes promovieron, financiaron o participaron en acciones armadas contra el pueblo venezolano bajo el auspicio de potencias extranjeras. Esta cláusula asegura que la lealtad a la patria y la integridad territorial permanezcan como valores innegociables dentro del marco de la convivencia democrática.
Por otra parte, la Comisión Especial mantiene un despliegue permanente para verificar que cada caso reciba una atención individualizada y técnica. El Gobierno nacional reafirma que Venezuela transita un camino irreversible hacia la estabilidad política, alejándose de los episodios de confrontación que marcaron años anteriores. En tal sentido, la presidenta encargada continúa la promoción activa de espacios de diálogo que faciliten la reinserción social de quienes hoy recuperan su libertad plena.
Finalmente, este balance preliminar refleja la voluntad política de transformar el sistema judicial en una herramienta de encuentro ciudadano. Al priorizar la paz sobre el conflicto, el Estado consolida un modelo de justicia transicional adaptado a la realidad venezolana. El éxito de esta política dependerá de la vigilancia constante sobre el cumplimiento de los requisitos legales, asegurando que los nuevos beneficiados asuman un compromiso firme con la legalidad y el respeto a la Constitución de la República.
