El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela elevó hoy una protesta formal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante su intervención, el canciller Yván Gil Pinto expuso los detalles de la grave agresión que sufrió la soberanía nacional el pasado 3 de enero. El diplomático calificó como un acto de piratería internacional la detención arbitraria del presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera combatiente, Cilia Flores, ejecutada mediante una operación militar extranjera por parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
Según el reporte oficial, esta incursión armada no solo vulneró la integridad del jefe de Estado, sino que también dejó un saldo trágico en el territorio venezolano. Gil Pinto subrayó ante la comunidad internacional que la acción violenta resultó en más de 100 víctimas mortales, lo que representa un punto de extrema gravedad en la historia diplomática del continente. El ministro denunció que la potencia norteamericana utilizó su superioridad bélica para atacar a una nación soberana de forma directa y unilateral.
Desigualdad militar y respuesta diplomática
Adicionalmente, el representante venezolano destacó la profunda asimetría tecnológica que marcó el evento. El canciller enfatizó que el ataque provino de una potencia nuclear que ignoró todos los tratados de convivencia internacional para agredir a un país con capacidades militares convencionales. No obstante, a pesar de la magnitud de la ofensa, Venezuela mantiene una postura firme basada en el derecho internacional.
En este sentido, el Estado venezolano reafirma que la detención ilegal del mandatario constituye un precedente peligroso para cualquier nación independiente. Por ello, el Ejecutivo Nacional optó por abrir canales diplomáticos formales para dirimir estas diferencias. Gil Pinto aclaró que esta búsqueda de soluciones ocurre bajo el principio de igualdad soberana de los Estados, rechazando cualquier forma de subordinación o miedo frente a la presión externa.
Además de la agresión externa, el canciller alertó sobre las consecuencias del discurso de odio en el plano doméstico. Durante su alocución, vinculó las acciones extranjeras con el surgimiento de focos de intolerancia política dentro del país. Estos episodios, alimentados por narrativas extremistas, provocaron escenas dantescas donde ciudadanos sufrieron agresiones mortales, incluyendo personas quemadas vivas en las calles debido a su identidad política o color de piel.
Por consiguiente, el Gobierno Bolivariano exige a la ONU una condena firme contra estas prácticas que amenazan la paz regional. El ministro reiteró que el diálogo es el único camino civilizado para resolver los conflictos entre las naciones modernas. Finalmente, Venezuela espera que este organismo multilateral actúe con celeridad para investigar los crímenes derivados de esta detención, garantizando el respeto a la figura presidencial y la protección integral del pueblo venezolano frente a futuras agresiones.
