La Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, presentó oficialmente el marco jurídico que regirá el nuevo proceso de reconciliación nacional. Mediante la promulgación del Artículo 8 de la normativa vigente, el Estado venezolano concede una amnistía general que abarca delitos y faltas específicos ocurridos en contextos de alta conflictividad política. Esta medida busca cerrar ciclos de confrontación que han marcado la historia reciente del país, estableciendo una hoja de ruta clara para la reinserción de diversos actores en la vida democrática bajo un esquema de respeto institucional.
En primer lugar, el instrumento legal detalla cronológicamente los sucesos que reciben este beneficio procesal. La lista inicia con el golpe de Estado de abril de 2002 y los ataques a instituciones públicas, seguido por el sabotaje petrolero de finales de ese mismo año. Posteriormente, la ley cubre los eventos violentos vinculados al referendo revocatorio de 2004 y las protestas de mayo de 2007.
Además de estos sucesos, la amnistía integra los conflictos registrados entre julio y septiembre de 2009, así como las manifestaciones derivadas de las elecciones presidenciales de abril de 2013. El documento también incluye los periodos de protesta de 2014 y 2017, junto con las actuaciones de la Asamblea Nacional del periodo 2016-2020. Asimismo, el texto legal incorpora los hechos de 2019 excluyendo la rebelión militar y los procesos de selección de candidatos de 2023. Finalmente, la medida alcanza los eventos ocurridos en el marco de las elecciones de julio de 2024 y los comicios regionales y parlamentarios de 2025.
Condiciones y exclusiones fundamentales
No obstante, el Ejecutivo Nacional estableció límites estrictos para garantizar la integridad del territorio. Por consiguiente, los políticos que hayan solicitado invasiones extranjeras o la imposición de sanciones internacionales quedan formalmente excluidos de este beneficio. La Presidenta Rodríguez enfatizó que esta ley funciona como una herramienta estratégica para impedir que el odio y la violencia justifiquen agresiones externas contra la nación.
En este sentido, la mandataria afirmó ante los diputados en el Palacio de Miraflores que el futuro de la juventud venezolana exige deponer la intolerancia. Según sus palabras, los sucesos del 3 de enero de 2026 impulsaron una reflexión profunda que permitió al Parlamento sancionar esta ley por unanimidad, priorizando la defensa de la patria sobre las posturas extremas.
Por otro lado, la Presidenta solicitó a la Comisión Especial de Seguimiento y a la Comisión de Revolución Judicial, liderada por Diosdado Cabello, actuar con máxima celeridad. El objetivo principal reside en revisar casos no contemplados originalmente en el texto para ofrecer recomendaciones que permitan sanar las heridas sociales.
Para concluir, el Gobierno Bolivariano reitera que la paz resulta indispensable para avanzar en el encuentro de todos los ciudadanos, más allá de sus militancias partidistas. La implementación efectiva de esta amnistía representa, por tanto, el paso definitivo hacia la estabilidad y la convivencia democrática que la sociedad venezolana demanda en la actualidad.
