El Gobierno de la República emitió un contundente pronunciamiento oficial para denunciar las recientes pretensiones de la República Cooperativa de Guyana. Mediante un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, la administración venezolana rechazó categóricamente cualquier intento de Georgetown por desvirtuar las obligaciones jurídicamente vinculantes que ambas naciones asumieron en el acuerdo de Ginebra de 1966.
Caracas sostiene que este instrumento constituye la única base legal válida para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, por lo cual repudia el tono y el contenido de las declaraciones guyanesas en el marco del 60° aniversario de dicho tratado.En primer lugar, el texto oficial señala que Guyana mantiene un comportamiento «desesperado e irresponsable» al intentar ignorar los compromisos pactados internacionalmente.
El Ejecutivo Nacional recalca que el documento de 1966 establece con claridad la necesidad de alcanzar un arreglo práctico y mutuamente aceptable. En consecuencia, Venezuela considera que las acciones unilaterales de su vecino no solo entorpecen el diálogo, sino que violan el espíritu de vecindad y legalidad que debe imperar en la región. El canciller Gil enfatizó a través de sus canales oficiales que la soberanía nacional no admite interpretaciones amañadas de los tratados históricos.
El mandato popular como escudo nacional
Por otra parte, el Gobierno Bolivariano recordó que la postura actual del Estado cuenta con un respaldo masivo y democrático. Durante el año 2023, el pueblo venezolano participó en un referéndum consultivo histórico donde ratificó su defensa inquebrantable de la Guayana Esequiba. En dicha consulta, la mayoría absoluta de los ciudadanos validó el acuerdo de Ginebra como el único camino transitable para una solución satisfactoria. Este mandato popular prohíbe taxativamente el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir la controversia, dado que Venezuela nunca ha otorgado su consentimiento para un arbitraje judicial en este tema.
Asimismo, el comunicado subraya que la vía judicial que intenta imponer Guyana contradice la naturaleza misma de lo firmado hace seis décadas. Según la diplomacia venezolana, las obligaciones de las partes son incompatibles con una resolución impuesta por terceros que no considere los derechos históricos de Venezuela. En este sentido, el Estado venezolano reitera que el sol de Venezuela nace en el Esequibo y que la nación no renunciará a un territorio que le pertenece por herencia desde su formación como República.
Más adelante, la misiva institucional advierte que, tarde o temprano, las autoridades de Georgetown deberán retomar la sensatez política. El Derecho Internacional ofrece las herramientas necesarias para un entendimiento, pero estas pasan exclusivamente por el marco de lo establecido en el tratado de 1966. Por lo tanto, Venezuela invita a Guyana a abandonar las acciones unilaterales y a sentarse nuevamente en la mesa de negociación. La insistencia en recurrir a instancias externas sin el consentimiento mutuo solo profundiza la brecha entre los dos países y posterga una solución real.
Finalmente, la República Bolivariana de Venezuela reafirma su voluntad de paz, pero bajo el estricto cumplimiento de la legalidad. El Gobierno Nacional asegura que mantendrá su despliegue diplomático y jurídico para proteger cada centímetro de su geografía. El compromiso ineludible con el acuerdo de Ginebra permanece como la piedra angular de la estrategia venezolana, asegurando que la verdad histórica prevalecerá sobre las pretensiones corporativas y coloniales que intentan socavar la integridad territorial del país.
