La Asamblea Nacional aprobó este jueves, por unanimidad, los primeros seis artículos del proyecto de Ley de amnistía para la Convivencia Democrática. Durante una sesión cargada de debates técnicos y políticos, los parlamentarios de diversas fracciones coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un marco jurídico que permita la distensión nacional.
El presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, dirigió el debate inicial, destacando que esta normativa busca sanar las heridas políticas del país bajo un esquema de corresponsabilidad. No obstante, tras aprobar el primer bloque de artículos, la directiva anunció el diferimiento de la discusión para la próxima semana debido a la falta de consenso sobre puntos específicos de la redacción.
El debate se detuvo abruptamente al llegar al séptimo apartado de la norma, el cual establece las condiciones para los procesados y condenados. La redacción actual exige que los beneficiarios se presenten formalmente ante la justicia para recibir el perdón legal. En este sentido, el texto en discusión reza que la amnistía abarca a toda persona procesada o condenada por delitos cometidos en contextos políticos, siempre que el individuo esté a derecho o se ponga a derecho con la entrada en vigencia de la ley.
Por consiguiente, esta exigencia generó fricciones inmediatas en el hemiciclo. El diputado de oposición, Luis Florido, objetó la redacción al considerar que obligar a una persona a «ponerse a derecho» implica una admisión implícita de culpabilidad. Florido invocó el artículo 2 de la Constitución, recordando que Venezuela constituye un Estado democrático y social de Derecho y Justicia. Por su parte, la diputada Iris Varela defendió con vehemencia la propuesta original y alabó la «magnanimidad» de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por impulsar esta iniciativa apenas un mes después del bombardeo contra la República.
Memoria histórica y responsabilidad política
Varela recordó eventos críticos como el paro petrolero, las guarimbas de 2017 y el atentado contra Nicolás Maduro para contextualizar la gravedad de los delitos que el Estado pretende perdonar. La parlamentaria cuestionó duramente a quienes pretenden recibir beneficios sin reconocer sus acciones.
«No se puede amnistiar a quien no haya cometido ningún delito; el que quiera el beneficio debe ponerse a derecho», sentenció Varela, rechazando lo que calificó como una «manipulación grotesca» al intentar presentar a responsables de la violencia como víctimas del Estado.
Asimismo, otros diputados como Stalin González y Carolina García aportaron matices legales al debate. González propuso vincular la ley con los artículos 21 y 49 de la Carta Magna para garantizar el debido proceso. García, por su parte, recordó un principio fundamental del derecho venezolano: nadie puede enfrentar un juicio en ausencia. Por lo tanto, cualquier ciudadano que se encuentre en el exterior y desee los beneficios de la ley deberá regresar y comparecer ante los tribunales correspondientes para regularizar su situación jurídica.
Un punto revelador durante la sesión fue la intervención de Jorge Rodríguez sobre los venezolanos en el extranjero. El presidente del Parlamento alertó que al menos 100.000 ciudadanos en Estados Unidos podrían verse afectados por esta ley. Según Rodríguez, muchos de estos ciudadanos, asesorados por «bufetes inescrupulosos», firmaron planillas migratorias declarándose perseguidos políticos para obtener beneficios como el TPS.
En consecuencia, el legislador advirtió que estas personas deben tener claro que sus declaraciones juradas en el extranjero las vinculan legalmente con este proceso. Rodríguez cuestionó la validez de testimonios masivos motivados por razones económicas y advirtió sobre el peligro de que sectores extremistas utilicen la ley para reincidir en discursos de odio. Para el jefe del Legislativo, la amnistía representa un fin superior orientado a la paz de la República y no un cheque en blanco para quienes se niegan a reconocer el orden institucional.
