Un grupo de expertos independientes de la ONU advirtió este miércoles que el uso de «fuerza letal» por parte de las autoridades migratorias estadounidenses en Mineápolis constituye una grave violación al derecho internacional. Según el comunicado conjunto, las acciones de los agentes federales podrían equivaler a privaciones arbitrarias de la vida y configurar un escenario de ejecuciones extrajudiciales.
La alarma internacional surge tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses el pasado mes de enero a manos de efectivos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en el marco de la polémica operación militarizada denominada «Metro Surge».
Los relatores especiales subrayaron que cualquier pérdida de vida en contextos policiales debe tratarse como una muerte «potencialmente ilícita». En consecuencia, exigieron que las autoridades estadounidenses realicen investigaciones prontas, eficaces y transparentes. De acuerdo con los expertos, el hecho de no ejecutar un proceso judicial adecuado podría representar, por sí mismo, una violación autónoma del derecho a la vida.
Asimismo, los representantes de Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación ante la retórica de altos funcionarios de la administración Trump. Algunos voceros gubernamentales calificaron a las víctimas como «terroristas domésticos», justificando públicamente que el uso de la fuerza letal era una medida necesaria. Ante esto, los relatores enfatizaron que las investigaciones deben seguir estrictamente el Protocolo de Minnesota, el estándar de oro global para documentar casos de ejecuciones y muertes ilícitas, garantizando que no se utilicen sesgos políticos para encubrir abusos de poder.
Patrón de abusos y violencia sistemática
La denuncia de la ONU no se limita a casos aislados, sino que describe un patrón perturbador de violencia vinculado a la Operación «Metro Surge». Los expertos reportaron una serie de violaciones que incluyen, uso excesivo de la fuerza contra inmigrantes y transeúntes, redadas militarizadas sin orden judicial, detenciones agresivas en zonas sensibles como escuelas y hospitales y ataques contra manifestantes pacíficos que protestaban por los abusos del ICE.
Además, los datos revelan una crisis humanitaria dentro del sistema migratorio. Los asesinatos de Renee Good (7 de enero) y Alex Pretti (24 de enero) se suman a una cifra alarmante: más de 30 personas murieron bajo custodia del ICE solo durante el año 2025. Estos eventos han generado una ola de indignación en Mineápolis y otras ciudades, donde la presencia de agentes federales con rostros cubiertos y uniformes sin identificación ha fracturado la confianza pública y la seguridad comunitaria.
Por otro lado, los relatores exigieron garantías de que los responsables de estos homicidios ilegítimos rindan cuentas ante la justicia. «Sin una desescalada inmediata y una rendición de cuentas clara, las tensiones corren el riesgo de estallar en una violencia más amplia», alertaron los expertos en derechos humanos. Igualmente, puntualizaron que las familias de las víctimas deben recibir reparaciones integrales y protección contra cualquier acto de represalia por parte del Estado.
Finalmente, los expertos reiteraron su disposición para colaborar constructivamente con el Gobierno de EE. UU., siempre que se respeten las obligaciones internacionales. Resulta imperativo detener la normalización de las ejecuciones como herramienta de control migratorio y restaurar el imperio de la ley en las operaciones federales.
