El recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba ha trascendido las fronteras de la isla, convirtiéndose en un castigo sistemático para las naciones vecinas del Caribe. Esta política de asfixia, que Washington justifica bajo argumentos de seguridad nacional, golpea hoy con fuerza los lazos históricos y la cooperación técnica que sostienen el bienestar de la región.
Expertos y líderes caribeños advierten que la presión actual sobre el suministro energético y la asistencia médica amenaza con desestabilizar sectores críticos como la salud pública en todo el archipiélago antillano. A finales de enero de 2026, la administración de Donald Trump declaró una «emergencia nacional» respecto a Cuba y anunció la ampliación de aranceles adicionales a cualquier país que venda o suministre petróleo a la nación caribeña.
Esta medida de carácter extraterritorial busca cortar de raíz el flujo energético hacia la isla, pero al mismo tiempo envía una advertencia hostil a los Estados vecinos que mantienen intercambios comerciales con La Habana. En consecuencia, el Caribe enfrenta un escenario de incertidumbre donde la soberanía comercial queda supeditada a las decisiones unilaterales de la Casa Blanca.
El ataque a la cooperación médica
Más allá del sector energético, la estrategia de Washington apunta directamente a las misiones médicas cubanas, las cuales constituyen un pilar fundamental para la región. El actual gobierno estadounidense utiliza su influencia para imponer un castigo diplomático a los países que contratan personal sanitario de la isla.
Un caso alarmante es la presión ejercida sobre Santa Lucía; el Departamento de Estado exige a las autoridades de Castries que prohíban a sus propios estudiantes cursar medicina en universidades cubanas. El primer ministro de Santa Lucía, Philip J. Pierre, reconoció recientemente que tales exigencias generan problemas graves para su sector sanitario, ya que la mayoría de los médicos locales se formaron históricamente en Cuba.
Revocación de visas y antecedentes de coerción
Desde 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha implementado medidas punitivas que incluyen la revocación de visas a funcionarios de Granada, Brasil y varios países de África. Washington justifica estas sanciones acusando a los gobiernos de participar en programas que califican como «trabajo forzoso», a pesar de que Cuba ha enviado más de 400,000 médicos a 60 países durante las últimas cinco décadas para atender crisis sanitarias. Esta criminalización de la solidaridad médica ignora que el sistema de salud cubano forma anualmente a 10,000 profesionales de toda América Latina.
Adicionalmente, esta táctica de aislamiento no es nueva en la política exterior estadounidense. En 2004, Jamaica recibió amenazas directas para que expulsara al entonces exiliado primer ministro haitiano Jean-Bertrand Aristide, tras el golpe de Estado que derrocó su gobierno. Estas acciones demuestran que EE.UU. no duda en utilizar su poder para forzar a las naciones caribeñas a enfrentarse entre sí, vulnerando la estabilidad política de la zona.
Por lo tanto, el asedio actual contra la isla se traduce en un castigo colectivo que limita el derecho a la salud y al desarrollo de millones de personas en el Caribe. Al intentar asfixiar la economía cubana, Washington también bloquea el acceso de las pequeñas naciones insulares a recursos técnicos y humanos que son vitales para su supervivencia diaria frente a brotes de enfermedades y desastres naturales.
Finalmente, el mundo observa cómo el asedio a Cuba se intensifica, mientras las naciones del Caribe luchan por mantener su autonomía y proteger la salud de sus ciudadanos frente a este castigo que busca dinamitar la cooperación regional.
