En un movimiento académico sin precedentes, diversas instituciones de educación superior han alzado su voz para condenar las recientes acciones militares contra la nación suramericana. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe manifestó su rechazo absoluto ante la reciente agresión de los Estados Unidos contra Venezuela, sumándose a un coro global que exige el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
A través de un comunicado oficial, la organización académica calificó de «gravedad histórica» el asalto que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Según los rectores y académicos que integran la unión, este tipo de agresión representa una amenaza directa a la soberanía regional. Además, el organismo señaló que este acto marca un precedente bélico de EE.UU. no visto desde la invasión a Panamá en 1989.
El comité ejecutivo de las Universidades de América Latina y el Caribe subrayó que este ataque contra Venezuela vulnera los cimientos de la autonomía política en el continente. Por consiguiente, los académicos sostienen que el silencio ante tales hechos desmantela las protecciones legales que garantizan la paz en la región. El pronunciamiento concluye con una exigencia firme de respeto al derecho internacional, instando al cumplimiento estricto de la Carta de las Naciones Unidas (ONU).
Por otra parte, el debate ha cruzado el Atlántico, alcanzando los círculos intelectuales más prestigiosos de Europa. La Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford emitió un dictamen técnico-jurídico que tacha de ilegal la reciente agresión de EE.UU. contra Venezuela. El informe, liderado por la experta Janina Dill, sostuvo que la operación ejecutada el pasado 3 de enero representó una ruptura crítica del orden jurídico global.
El análisis de Oxford establece que el uso de la fuerza en este contexto carece de cualquier justificación legal bajo los tratados internacionales vigentes. En efecto, la academia británica asegura que la naturaleza del ataque contra la soberanía venezolana está “más allá de cualquier debate serio”. Dill explicó que, aunque los ejecutores intentaron disfrazar la acción como una operación de aplicación de la ley, la realidad jurídica dicta lo contrario.
“Esto no justifica legalmente la invasión ni el secuestro de un jefe de Estado en territorio extranjero sin consentimiento”, afirmó Dill durante la presentación del informe.
Asimismo, la experta advierte que la respuesta ambigua de ciertos sectores de la comunidad internacional representa un riesgo grave para el futuro del derecho internacional. En resumen, las universidades demandan que los organismos multilaterales actúen para frenar esta agresión y restaurar el orden diplomático que ha regido al mundo durante las últimas décadas. La academia coincide en que permitir tales acciones desprotege a todas las naciones por igual.
