El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este domingo un nuevo y letal ataque en el Pacífico, ejecutado el 15 de noviembre por orden directa del secretario de Guerra, Pete Hegseth. Este reciente asalto, sumado a una serie de agresiones previas, eleva dramáticamente el número de víctimas mortales en el Caribe y la región, acentuando una campaña militar estadounidense que genera profunda preocupación internacional.
El comunicado oficial afirma que “la Inteligencia confirmó que la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”. No obstante, la Secretaría de Guerra omitió presentar pruebas que respalden estas aseveraciones, manteniendo la información al respecto bastante difusa. De hecho, el texto simplemente añade que “la embarcación traficaba drogas en el Pacífico oriental y fue impactada en aguas internacionales”.
Anteriormente, en el transcurso de esta misma semana, Washington informó sobre múltiples ataques contra pequeñas embarcaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico. Estos operativos forman parte de una supuesta estrategia ampliada contra el narcotráfico, cuyos ataques más recientes ocurrieron el 9 y el 10 de noviembre.
Ejecuciones extrajudiciales y ausencia de debido proceso
Entre el 2 de septiembre y el 13 de noviembre pasados, el Gobierno de Estados Unidos destruyó un total de 21 botes en 20 ataques distintos realizados en aguas internacionales, bajo la presunción de que estas embarcaciones transportabannarcóticos por el mar Caribe. A pesar de la gravedad de los actos, Washington no ha presentado pruebas que validen estas afirmaciones.
Tal aseveración fue reportada en un reportaje publicado por la cadena estadounidense CNN. Este trabajo registra el jueves 13 de noviembre como el último ataque en el Caribe dirigido contra lanchas que supuestamente transportaban drogas. Consecuentemente, cuatro personas murieron en esta maniobra específica.
Hasta el momento, 80 personas han muerto en estos ataques ejecutados en el Caribe y el Pacífico. Los asaltos se han llevado a cabo sin seguir procedimientos judiciales, ni existe una declaración de guerra aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Por lo tanto, varios líderes regionales han calificado estos actos como ejecuciones extrajudiciales.
El Gobierno de Trump mantiene un enfrentamiento creciente con los gobiernos de Venezuela y Colombia. Actualmente, se observa una escalada de declaraciones cruzadas entre el expresidente Trump, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro.
Reacciones en la región
Las operaciones en el Caribe iniciaron tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en la zona. Washington insiste en que se trata de una misión para combatir los cárteles de la droga. Sin embargo, el Gobierno de Venezuela sostiene que Estados Unidos persigue un cambio de régimen en el país.
El presidente Maduro calificó los ataques como “ejecuciones seriales” y solicitó a la ONU investigar el asunto. A su vez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, consideró que se trata de “una guerra no declarada”, y la Cancillería venezolana denunció la “amenaza militar” de Washington. De igual modo, el presidente Petro manifestó su posición, asegurando que siempre estará “en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”.
El primer ataque de Estados Unidos contra una embarcación en el Caribe ocurrió el 2 de septiembre, resultando en 11 muertos. Trump anunció la ofensiva en sus redes sociales, afirmando que, bajo sus órdenes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos “realizaron un ataque militar contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados en el área de responsabilidad del Comando Sur”. “Que esto sirva de advertencia para cualquiera que piense en traer drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!”, añadió enfáticamente.
Posteriormente, CNN reportó que funcionarios del Departamento de Defensa no presentaron pruebas concluyentes de que los objetivos del primer ataque fueran miembros del Tren de Aragua, y que los informantes no pudieron determinar con exactitud su rumbo. En conclusión, la Secretaría de Guerra de EE.UU., continúa sin mostrar una sola prueba que confirme el presunto vínculo con el narcotráfico de las embarcaciones atacadas; la información al respecto permanece bastante difusa.
