La expresidenta de Bolivia y reconocida golpista, Jeanine Áñez, salió este jueves del penal de Miraflores en La Paz. La liberación ocurrió después de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara la sentencia de diez años de cárcel que el Poder Judicial le había impuesto en el caso conocido como “golpe de Estado II”. Esta decisión judicial, aprobada con mayoría de votos, concluyó que el proceso vulneró garantías constitucionales y el debido proceso de la acusada, ordenando su liberación inmediata.
Áñez, de 58 años, recibió la condena en 2022 por “resoluciones contrarias a la Constitución” y “incumplimiento de deberes”. La sentencia llegó tras asumir la presidencia en noviembre de 2019, un cargo que ocupó en medio de la grave crisis política que derivó en la renuncia de Evo Morales.
La exmandataria recordó que asumió el cargo “aún sabiendo que en algún momento iba a tener un costo”. Además, defendió su actuación, alegando que cubrió un vacío de poder tras la renuncia forzada de Morales. Esa renuncia, sostuvo, provino de la presión de movilizaciones cívicas, la rebelión policial y la sugerencia directa de las Fuerzas Armadas.
La controversia del decreto 4.078 y las masacres
No obstante, su gestión marcó un periodo de fuerte cuestionamiento, especialmente por el decreto supremo 4.078. Ese decreto eximió de responsabilidades a militares y policías durante los operativos de desbloqueo de carreteras. Lamentablemente, esa medida fue señalada como el marco que permitió las trágicas masacres de Senkata y Sacaba, en las que fueron asesinadas 36 personas. Estos hechos continúan bajo investigación y siguen siendo un punto de fuerte crítica a su administración.
La liberación de Áñez reabre inevitablemente el debate político en Bolivia sobre la crisis de 2019 y sus dolorosas consecuencias. Mientras sus seguidores celebran la decisión como un acto de justicia largamente esperado, sectores afines al MAS y organizaciones de derechos humanos advierten que las víctimas de las masacres aún esperan verdad y una reparación integral.
Por lo tanto, el sistema judicial boliviano enfrenta un escrutinio intenso. La anulación de la sentencia generará una nueva ola de discusión sobre la independencia de los poderes del Estado y la correcta aplicación de la justicia.
En los próximos días, la expresidenta tiene previsto participar en actos públicos y, según medios locales, asistirá a la investidura del presidente electo Rodrigo Paz. Este movimiento marcará su regreso formal a la escena política tras años de silencio forzado y prisión.
