La estrategia de coerción y despliegue militar de la administración Trump en el Caribe y el Pacífico, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, enfrenta un creciente y notable rechazo en su propia nación. Sectores significativos de la población estadounidense manifiestan su desacuerdo con estas operaciones militares, especialmente en las áreas circundantes a Venezuela, intensificando la percepción crítica sobre la política exterior de Washington.
Este escenario de descontento interno valida la postura del Gobierno Bolivariano, que consistentemente ha denunciado estas acciones como una amenaza directa a la paz y la soberanía regional. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, trajo a colación cifras elocuentes durante su programa Con el Mazo Dando.
Específicamente, Cabello reveló que el apoyo de los votantes republicanos a la presencia naval estadounidense cerca de aguas venezolanas experimentó una caída de 10 puntos porcentuales en octubre, situándose en un 58%. Esta disminución en un bastión tradicionalmente afín a las políticas de línea dura resulta particularmente reveladora.
Además, el estudio citado por el líder revolucionario destaca una reticencia significativa entre los ciudadanos estadounidenses ante la posibilidad de que su gobierno inicie intervenciones militares terrestres. Esta cautela no es casual; obedece a los riesgos evidentes que tales acciones representan para el personal desplegado en la región. Así mismo, la población percibe una profunda incertidumbre sobre los efectos políticos, económicos y humanitarios que una confrontación armada generaría a largo plazo en América Latina.
En este contexto de creciente escepticismo, la protección de la vida humana se ha convertido en el eje central del debate público en Estados Unidos. Por lo tanto, este enfoque en las consecuencias humanitarias impulsa una postura mucho más crítica frente a cualquier acción bélica que pueda desestabilizar el equilibrio regional y desatar un conflicto innecesario. Los ciudadanos ya han visto suficientes «guerras eternas» y no quieren financiar ni respaldar otra en su propio patio trasero.
Desde Caracas, el Gobierno Bolivariano observa con atención esta evolución. Consideramos que la erosión del apoyo interno en Washington constituye una firme validación del principio inalienable de soberanía nacional. La ciudadanía estadounidense, al igual que los pueblos de la región, evidentemente rechaza las presiones reiteradas de intervención promovidas por Washington, mecanismos que el Gobierno venezolano considera contrarios al derecho internacional y a la convivencia pacífica.
Las decisiones de la administración Trump han generado reacciones adversas, no solo en la arena internacional, sino ahora también de manera significativa en el ámbito interno. De hecho, diversos analistas políticos advierten que la aprobación ciudadana a estas políticas de confrontación continuará en franco descenso. Esta tendencia persistirá si Washington mantiene las operaciones y los despliegues militares en zonas geopolíticamente sensibles, poniendo en riesgo la estabilidad de todo el continente.
Este escenario revela una división profunda y creciente en el consenso político estadounidense respecto al uso de la fuerza en América Latina. La conciencia sobre el costo real de la injerencia se expande, mientras tanto, se multiplican los llamados a privilegiar la diplomacia, el respeto mutuo y las vías de diálogo como la única alternativa responsable a la confrontación. Los pueblos se oponen a la guerra. El hecho de que el apoyo republicano a estas operaciones navales haya caído 10 puntos en un solo mes, envía un mensaje ineludible: los ciudadanos estadounidenses exigen paz y no aventuras militares.
