El Congreso de Estados Unidos tomó medidas decisivas para desafiar las acciones del gobierno de Donald Trump, con la representante demócrata Ilhan Omar a la cabeza. Omar, vicepresidenta del Caucus Progresista del Congreso, presentó una resolución que busca frenar la escalada militar emprendida por la administración Trump en el mar Caribe.
Esta escalada se ejecuta bajo el alegato de una supuesta “lucha contra el narcotráfico”, pero la representante y sus colegas sostienen que la operación carece de fundamentos legales. La resolución cuenta con un importante respaldo dentro del caucus, marcando una confrontación directa entre el poder ejecutivo y el legislativo.
La congresista por Minnesota emitió una declaración tajante, argumentando que «no hubo justificación legal para la escalada militar de la Administración Trump en el Caribe». Por lo tanto, Omar presentó la resolución con el objetivo claro de «poner fin a las hostilidades contra Venezuela y contra las organizaciones criminales transnacionales que la Administración ha designado como terroristas este año». Esta iniciativa recibió el apoyo explícito del presidente del caucus, Greg Casar (Texas), y del representante Jesús “Chuy” García (Illinois), consolidando la oposición interna a la política exterior de Trump.
Omar, quien ha sido blanco de críticas por parte del propio mandatario, defendió vigorosamente los principios fundacionales de la democracia estadounidense. A este respecto, la congresista afirmó que «la separación de poderes es crucial para nuestra democracia y que solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra». Su declaración resalta la importancia de que el Congreso recupere su rol constitucional como contrapeso del poder presidencial.
Por su parte, el representante Greg Casar lanzó una advertencia severa sobre las consecuencias de las políticas de Trump. Enfatizó que «no se puede permitir que Donald Trump arrastre a Estados Unidos a otra guerra interminable con sus acciones imprudentes».
Casar se sumó al llamado de ilegalidad, declarando que «es ilegal que el presidente lleve al país a la guerra sin consultar a los representantes del pueblo». Por ello, el congresista texano instó a la acción inmediata: «el Congreso debe votar ahora para impedir que Trump nos exponga a un mayor riesgo».
De manera similar, el representante por Massachusetts, Jim McGovern, vocalizó el hartazgo de sus electores con las intervenciones militares prolongadas. Agregó que «las personas que represento están hartas de que este país se vea arrastrado a una guerra interminable tras otra». Esta declaración subraya el sentir de una parte significativa de la ciudadanía que demanda un enfoque más diplomático y menos belicista en la política exterior.
En consecuencia, el liderazgo del congreso no solo condena las acciones de Trump como imprudentes, sino que las cataloga directamente como una violación de la ley constitucional. La resolución presentada marca el inicio de un proceso legislativo que busca reestablecer los límites del poder presidencial en el uso de la fuerza militar. En conclusión, la coalición progresista exige un voto inmediato para poner fin a lo que consideran una escalada bélica ilegal, demostrando que el Congreso ejerce su responsabilidad de supervisar las operaciones de antidrogas militares que carecen de autorización legal.
