El gobierno de Brasil rechazó enérgicamente las recientes amenazas de la Casa Blanca sobre el posible uso de “medios militares” en el país. En un comunicado, la ministra de Relaciones Institucionales de la Presidencia, Gleisi Hoffman, calificó de inaceptable el pronunciamiento de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Leavitt había sugerido que Estados Unidos podría usar su fuerza militar para garantizar la “libertad de expresión” en Brasil, en un claro intento de interferir en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. Este incidente ha escalado la tensión entre ambas naciones, marcando un punto crítico en sus relaciones diplomáticas.
Hoffman afirmó que la afirmación de Washington representa un “punto álgido”, ya que amenaza con invadir Brasil para liberar a Bolsonaro de la cárcel. Ella destacó que la «libertad de expresión» es solo un pretexto que Washington utiliza para justificar sus acciones. El gobierno brasileño asegura que el juicio contra Bolsonaro y sus cómplices se lleva a cabo con el debido proceso. Los cargos incluyen intento de golpe de Estado, organización criminal y otros delitos graves. Brasil no cederá ante la presión externa y continuará con el proceso judicial para garantizar la justicia y la estabilidad del país.
El gobierno estadounidense también ha intentado presionar a Brasil por otros medios. Washington impuso aranceles del 50 por ciento a las exportaciones brasileñas y sancionó a miembros del gobierno y a jueces del Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, quien preside el caso contra Bolsonaro. A pesar de estas acciones, Brasil ha mantenido su postura, reafirmando su compromiso con la independencia judicial.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió un mensaje en la red social X para defender la soberanía de su país. Recordó que la justicia brasileña no puede ser interferida por otras naciones. Además, Lula enfatizó que Brasil mantiene relaciones de amistad con todos los países, pero que tiene un «único dueño: el pueblo brasileño».
La administración de Lula da Silva ha actuado con firmeza. El rechazo a estas amenazas no es solo una cuestión de diplomacia, sino una defensa de la democracia y el estado de derecho.
