Los ataques perpetrados en el noroeste de Colombia han dejado un saldo trágico de al menos 18 muertos y más de 70 heridos. El presidente Gustavo Petro confirmó esta devastadora noticia, que se produce en un contexto de creciente violencia en el país. Este ataque, llevado a cabo por el Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las FARC, resalta la grave situación de seguridad que enfrenta Colombia.
El ataque ocurrió este jueves, cuando un helicóptero de antinarcóticos realizaba una operación de erradicación de cultivos de coca en la subregión de Amalfi, Antioquia. Este operativo busca combatir el narcotráfico, una de las principales fuentes de financiación para grupos armados ilegales. Sin embargo, la respuesta violenta del EMC demuestra la resistencia que estos grupos ofrecen frente a las acciones del gobierno.
Inicialmente, Petro reportó en sus redes sociales que el saldo era de ocho muertos; no obstante, horas más tarde, las autoridades confirmaron que el número de fallecidos ascendió a doce. La dificultad para acceder a la zona selvática donde ocurrió el ataque complicó la evacuación y el rescate de los cuerpos.
Colombia enfrenta un resurgimiento de la violencia armada
El presidente calificó lo sucedido como un «acto de guerra» cometido por el Frente 36 del EMC. Esta declaración no solo subraya la gravedad del ataque, sino que también refleja la postura firme del gobierno frente a la violencia ejercida por estas disidencias. Además, el mandatario expresó su solidaridad con las familias de los policías caídos y reafirmó su compromiso de luchar contra el narcotráfico y la violencia.
Por otro lado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, activó toda la red hospitalaria para atender a los heridos. La situación en la región exige una respuesta inmediata, ya que varios policías sufrieron lesiones graves durante el ataque. La atención médica oportuna se vuelve crucial para asegurar la recuperación de los afectados.
Este ataque no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio de violencia que ha resurgido en Colombia en los últimos años. A pesar de los esfuerzos del gobierno por implementar acuerdos de paz y desmovilización, las disidencias de las FARC continúan operando y desafiando la autoridad del Estado. Este contexto genera preocupación entre la población civil y plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias actuales para garantizar la seguridad en el país.
En conclusión, los ataques terroristas en Colombia evidencian un desafío significativo para el gobierno de Gustavo Petro. Con un saldo trágico de 18 muertos y varios heridos, queda claro que la lucha contra el narcotráfico y la violencia requiere una atención urgente y coordinada. La respuesta a estos ataques determinará no solo el futuro inmediato de la seguridad en Colombia, sino también la estabilidad del país en los años venideros. La comunidad internacional observa con atención estos acontecimientos, mientras el gobierno colombiano enfrenta una batalla crucial contra los ataques que amenazan la paz y la seguridad nacional.
