Estados Unidos impuso sanciones al juez responsable del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, el Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó al magistrado en su lista de personas sancionadas, este movimiento representa una escalada significativa en las tensiones diplomáticas y pone en tela de juicio la política exterior estadounidense frente a procesos judiciales de alto perfil en otras naciones.
Alexandre de Moraes, quien es miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ha ganado notoriedad internacional por presidir el juicio penal contra Bolsonaro. Este proceso judicial investiga el presunto intento de golpe de Estado ocurrido en enero de 2023, que buscaba derrocar al actual presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva. La inclusión de De Moraes en la llamada «lista de nacionales especialmente designados» o «lista SDN» le permite a Estados Unidos tomar medidas drásticas.
En consecuencia, el gobierno estadounidense tiene la capacidad de bloquear transacciones o incautar bienes del jurista brasileño que se encuentren en territorio estadounidense o que tengan vínculos con empresas o personas en ese país. Esta acción, sin embargo, ha generado un debate sobre la justificación y las implicaciones de tal injerencia en asuntos judiciales de un país soberano.
Reacciones
La decisión de sancionar al juez brasileño llega poco después de que De Moraes ordenara el uso de una tobillera electrónica al expresidente Bolsonaro, citando un riesgo de fuga. Esta medida, de gran resonancia mediática, intensificó las divisiones políticas tanto en Brasil como en el exterior. Donald Trump, presidente de EE.UU., ha reiterado públicamente su apoyo a Bolsonaro, a quien calificó como un «buen hombre». Estas declaraciones, además de desafiar las normas diplomáticas, parecen haber allanado el camino para las recientes acciones del gobierno estadounidense.
Por otro lado, el presidente de Brasil, Lula da Silva, rechazó enérgicamente la injerencia de Estados Unidos en el proceso judicial. Lula ha declarado que Bolsonaro será juzgado de acuerdo con la ley brasileña y cumplirá prisión si la justicia lo encuentra culpable de los cargos que se le imputan. Estas palabras enfatizan la autonomía del sistema judicial de Brasil y su independencia de presiones extranjeras. De esta manera, el conflicto ha trascendido las fronteras de Brasil, convirtiéndose en un asunto de política exterior que afecta las relaciones entre 2 de las economías más grandes del continente.
El comunicado de la OFAC no ofreció detalles sobre los motivos específicos detrás de la sanción, más allá de la inclusión del nombre del magistrado, no obstante, el momento de la acción y las declaraciones previas de altos funcionarios de EE.UU. sugieren un claro vínculo con el caso Bolsonaro. Esta situación provoca una preocupación considerable sobre la soberanía judicial de los países y plantea interrogantes sobre la neutralidad de las instituciones estadounidenses. En última instancia, la sanción al juez responsable del caso Bolsonaro marca un precedente peligroso, demostrando que la presión política puede manifestarse a través de herramientas económicas para influir en procesos judiciales ajenos.
