En una muestra de angustia y determinación, familiares de más de 250 migrantes venezolanos, secuestrados en El Salvador, organizaron una vigilia frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas. El grupo, compuesto por padres, madres, cónyuges e hijos, se congregó para exigir la liberación inmediata de sus seres queridos y denunciar lo que califican como una grave violación de los derechos humanos.
Durante la manifestación, los familiares buscaron entregar una carta dirigida directamente al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. El documento detalla la desesperada situación de los venezolanos y exigen una respuesta contundente de la comunidad internacional. Señalan a los Gobiernos de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, y de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, como los responsables directos de la detención arbitraria y el sufrimiento de sus parientes.
Además, el texto reitera la completa indefensión en la que se encuentran los migrantes. Los familiares denunciaron que las autoridades salvadoreñas han negado sistemáticamente a los detenidos el legítimo derecho a la defensa. A los venezolanos no se les ha permitido contactar a sus abogados, no han comparecido ante un juez ni se les ha imputado formalmente ningún delito, manteniéndolos en un limbo legal y humanitario inaceptable.
Deportados a una cárcel, no a su país
La crisis se originó después de que el Gobierno de EE.UU. invocara la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación que data de 1798 y que históricamente se reserva para tiempos de guerra. Bajo esta controvertida justificación, las autoridades estadounidenses detuvieron y deportaron a los connacionales. El pretexto utilizado fue su supuesta pertenencia a la organización criminal transnacional «Tren de Aragua», una acusación que los familiares niegan categóricamente y para la cual, aseguran, no se ha presentado prueba alguna.
Posteriormente, las autoridades estadounidenses trasladaron al grupo de venezolanos bajo engaño y sin un proceso judicial previo. En lugar de ser deportados a su país de origen, fueron enviados a El Salvador. Allí, el Gobierno de Bukele los encarceló de inmediato en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad diseñada para miembros de pandillas y terroristas.
Por lo tanto, las familias en Caracas alzan su voz, no solo por la libertad de sus parientes, sino también en contra de la criminalización de la migración. Su llamado a la ONU es un ruego por la intervención diplomática y la presión internacional necesarias para poner fin a esta injusticia. Advierten que continuarán con sus acciones hasta que se garantice el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos y se logre su pronta repatriación.
